El listado de funcionarios mexicanos que han recibido castigos por corrupción en los últimos 15 años suma centenas, pero las multas que le han sido impuestas por el Gobierno quedan, en su gran mayoría, sin pagar. Solamente en la Comisión Federal de Electricidad, el organismo oficial mexicano encargado de gestionar la electricidad, se han impuesto multas a por lo menos 40 funcionarios en este tiempo por más de 1.325 millones de pesos, unos 83,7 millones de dólares.
Los datos provienen de un informe proporcionado a través del Instituto Federal de Acceso a la Información, el organismo de transparencia mexicano, que recién ha sido reformado y ha cambiado su nombre por el de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). No hay registros anteriores al año 2000 porque la ley de transparencia en México se promulgó después de que el Partido Acción Nacional (el conservador PAN) ganara la presidencia al Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había mantenido el poder hegemónico en México durante más de siete décadas, en julio de ese año.
El documento no detalla el nombre de los funcionarios castigados, pero sí el número de casos hallados y las multas impuestas. Sobresalen algunas de las multas, como el caso de 19 servidores públicos que fueron multados por más de 909 millones de pesos (60 millones de dólares). El documento no detalla la práctica corrupta que llevó a la Secretaría de la Función Pública (SFP), el organismo que se encarga de fiscalizar las acciones del Gobierno, a calcular semejante castigo, pero sí la cantidad pagada hasta ahora en total por la sanción: 12.611 pesos (apenas unos 830 dólares).
Las multas impuestas durante la gestión de Enrique Peña Nieto (PRI), que asumió la presidencia del país en diciembre de 2012, han bajado (hasta ahora se ha multado a 22 funcionarios de la CFE por 27,9 millones de pesos, cerca de 1,8 millones de dólares), pero sobre si los servidores públicos fueron destituidos del cargo o si han pagado su castigo en los últimos tres años: «Hasta el momento no se cuenta con información», responde la SFP.
La Comisión Federal de Electricidad es uno de los organismos públicos que serán afectados por los cambios en la ley contemplados en laReforma Energética del presidente Peña Nieto. Las modificaciones pondrán a competir a la CFE con empresas privadas, y el mandatario ha hecho a los mexicanos la promesa de que los cambios en la reforma harán que baje el coste de la electricidad que actualmente se paga en el país. El nuevo consejo de la CFE contará con 10 integrantes: cinco funcionarios federales, cuatro consejeros independientes y uno designado por el sindicato.
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El mandatario ha puesto como uno de los principales ejes de su gestión la lucha contra la corrupción e incluso nombró a un nuevo titular de la SFP para encargarse del tema, Virgilio Andrade, después de que la institución no contara con un titular entre 2012 y 2015. No ha ofrecido ningún resultado de sus investigaciones hasta el momento.
La sombra de la corrupción planea, no obstante, sobre la imagen que México proyecta para atraer inversores. El tema ha sido abordado en el recién concluido World Economic Forum, celebrado en la Riviera Maya. El director de Estrategia para Mercados Emergentes, Gerardo Rodríguez, afirmó en una entrevista a CNN Expansión que “en la medida en que esos escándalos mermen la confianza no es bueno para las inversiones”.
El informe Global Competitiveness Report, difundido en el mismo foro, pone adelante a Chile por encima de México y Brasil en tema de competitividad por su gestión de los escándalos de corrupción. Chile ocupa el 28º sitio en transparencia y fiscalización de sus instituciones, mientras que las instituciones mexicanas alcanzan el 102 entre 144 países. El texto concluye que la poca confianza en los funcionarios mexicanos merma el interés de las empresas extranjeras para invertir en el país. A esto se suma la mínima confianza en que los funcionarios corruptos recibirán un castigo. El 98% de los crímenes que se cometen en México quedan impunes, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del país.
Las cifras de la propia Secretaría de la Función Pública comprueban que, al menos en los últimos 15 años, en los pocos casos en que sí se ha castigado a la corrupción, la sanción queda solo en el papel. Más de 1.325 millones de pesos que no han sido saldados por servidores públicos que han fallado en su deber, solo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, lo reflejan.
