La denuncia contra la presidenta Cristina Fernández por un presunto plan para encubrir a los iraníes sospechosos de un atentado terrorista en 1994 quedó formalmente archivada el martes por decisión del máximo tribunal penal de Argentina.
La denuncia había sido presentada el 14 de enero por el fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto con un disparo en la cabeza cuatro días después por causas que la justicia todavía investiga.
La Cámara de Casación Penal resolvió respaldar la decisión del fiscal general ante ese tribunal, Javier De Luca, quien el pasado 20 de abril argumentó en un fallo que los hechos imputados contra la presidenta «no configuran delito» y no dio curso a la acción penal. Un juez federal y una corte federal se habían pronunciado en el mismo sentido a fines de febrero y en marzo, respectivamente.
«El tribunal resuelve tomar razón del desistimiento formulado por el fiscal general ante esta cámara y devolver las actuaciones a sus efectos», según el fallo difundido por el centro de información del Poder Judicial.
Con esta medida, el caso contra la presidenta sólo podría reabrirse si aparecieran nuevas pruebas o indicios fehacientes.
Según Nisman, el gobierno acordó un plan con Irán para proteger a sus ciudadanos acusados del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en el que murieron 85 personas.
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En enero de 2013 Argentina e Irán firmaron un memorando de entendimiento con la alegada argumentación de avanzar en la investigación del atentado. Sin embargo, no entró en vigor porque fue declarado inconstitucional por una corte federal argentina.
El objetivo oculto de esta maniobra, según Nisman, era restablecer las relaciones comerciales entre ambos países e intercambiar granos por petróleo, en un contexto de crisis energética en Argentina.
Nisman, quien basó su acusación principalmente en escuchas telefónicas, denunció que una comisión de la Verdad contemplada en el memorándum era un mero órgano de fachada, ya que ambos países tenían previsto que la misma garantizara la impunidad de cinco de los ocho iraníes acusados, sobre quienes pesaban alertas rojas de Interpol. La comisión debía ser integrada por un grupo de juristas internacionales.
La presidenta negó las acusaciones de Nisman y dijo que el memorando era la única vía para sacar de la parálisis a la causa judicial por el atentado, que la justicia argentina atribuyó al grupo extremistas islámico Jezbolá, con apoyo de Irán. Teherán ha rechazado esta acusación.
La denuncia y posterior muerte del fiscal Nisman, que la justicia investiga si fue homicidio o suicidio, fue un duro golpe para el gobierno de Fernández, quien atribuyó ambos hechos a una maniobra desestabilizadora por parte de un sector de los servicios de inteligencia enfrentados con su gobierno.
