• No debemos consentir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica y social.
Morelia, Michoacán a 21 de mayo de 2015.- “Al llegar al Congreso de la Unión voy a oponerme a la reforma presentada por el presidente de la república y apoyada por las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y Partido Verde, en la que se pretende privatizar el agua como un derecho universal para los mexicanos y los habitantes de Michoacán”, así lo señaló Priscila López Mejía, Candidata del PRD y PT a la Diputación Federal por el Distrito 10 de Morelia.
La candidata y ex nicolaita informó que en la actual legislatura federal las fracciones parlamentarias del PRI, PAN y Partido Verde están apoyando el dictamen de la reforma a la ley de aguas promovida por el Ejecutivo Federal en donde de última hora se introdujo una modificación que intenta dejar en manos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) la definición del porcentaje de participación privada en los proyectos de infraestructura, explotación, distribución, facturación y cobro de agua potable al usuario final.
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López Mejía destacó que esta situación ya no puede suceder en nuestro país “ya que está dirigida a dotar a la Conagua de un margen discrecional lo suficientemente capaz para llevar la privatización del agua a sus últimas consecuencias, como ocurre ya en el caso de las industrias eléctrica y petrolífera a raíz de la reforma energética presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto.
La destacada joven perredista y candidata de Silvano Aureoles Conejo, dijo, “No debemos consentir que la iniciativa privada controle a quién se le da el vital líquido, de acuerdo a su situación económica y social, el suministro de agua a poblaciones se encuentra directamente relacionado con la calidad de vida de la población, debiéndose considerar como un derecho humano fundamental” acentuó Priscila López.
Para finalizar Priscila López destacó que dado el carácter de derecho del acceso al agua potable, en los abastecimientos urbanos y rurales deberá preponderarse siempre la garantía del acceso universal al servicio y la calidad del mismo, por encima de aspectos económicos. En este sentido, las administraciones públicas estatales, municipales y federales deberán garantizar el acceso al agua potable entre los ciudadanos.
