– A dos semanas de las elecciones del 7 de junio, los delitos electorales siguen siendo vigilados y cada vez más denunciados, uno de ellos es el ‘turismo electoral’. Las personas que cambian de domicilio en un módulo del INE para votar en otro distrito, municipio o estado, para beneficiar un partido sin que en realidad cambien de residencia están cometiendo un delito y el Registro Federal de Electores (RFE) es el encargado de investigarlo.
EL DICTAMEN de Veracruz comparte que si bien se han detectado algunos casos de “turismo electoral” en ciertos estados, estos no son graves; ante lo cual se harán los análisis correspondientes señaló René Miranda Jaimes, director ejecutivo del Registro Federal de Electores.
En entrevista en el marco de la Reunión Nacional de vocales del RFE de los estados explicó que algunos movimientos han sido observados en entidades como Yucatán, Sonora, Nuevo León y Veracruz.
El RFE analiza los patrones de comportamiento para cerciorarse si se trata de posibles domicilios irregulares u otra razón, con visitas domiciliarias tanto al anterior como al nuevo registro.
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Hace un par de meses llevaban 5.5 millones de observaciones, pocas, según el directivo para el listado es de 83.5 millones de personas. Las observaciones van desde posibles duplicados, datos irregulares de domicilio, hasta personas fallecidas que no han sido dadas de baja del padrón.
Cabe destacar que en febrero y abril de este año EL SIGLO de Durango y DIARIO de Yucatán notificaron de la posible identificación de los delitos. Es la primera vez que se va trabajar con la nueva Ley General de Delitos Electorales, indicó Santiago Nieto Castillo, titular de la Fiscalía Especial para Delitos Electorales. Durango presentó hasta ese entonces más de 20 casos, contrastando a Yucatán con cinco mil 252 investigados, según el vocal de esa institución, Eliezer Serrano Rodríguez.
El delito se tipifica y castiga bajo la modalidad de alteración del RFE. Según el artículo 411 del Código Penal Federal, se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales para Votar.
