José Manuel Saiz Pineda, quien fungió como secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Tabasco durante la administración de Andrés Granier Melo en el periodo 2007-2012, culminó una comparecencia en la Fiscalía General del Estado que duró 24 horas, sobre una nueva acusación de peculado de 2 mil 300 millones de pesos del ejercicio 2011.
El ex tesorero fue sacado del Centro de Reinserción Social del Estado de Tabasco (Creset) -donde permanece preso desde el 2013 por diversas acusaciones de peculado- e ingresado a las instalaciones de la fiscalía el jueves a las 13:30 horas, y tras 24 horas de comparecencia regresó el viernes a la una y media de la tarde al penal.
El abogado del ex tesorero, Carlos Estrada, acusó que la fiscalía incurrió en un “abuso” al exhibir públicamente a Saiz Pineda, a quien camarógrafos, fotógrafos y reporteros pudieron observar cuando ingresó y se retiró de la sede de la fiscalía, custodiado por elementos que lo regresaron al Creset.
“Ustedes vean la forma de actuar de la fiscalía, digo es un abuso innecesario que está sufriendo nuestro cliente al exhibirlo públicamente”, señaló el litigante.
La nueva acusación contra el ex funcionario está asentada en el expediente 179/2013, y se le acusa de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos en el 2011. De acuerdo a fuentes de la fiscalía, en la investigación también están involucrados el ex gobernador Granier Melo y el ex subsecretario de Egresos de Administración y Finanzas, Miguel Ángel Contreras.
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Sobre Granier Melo, preso en el penal de Tepepan en el Distrito Federal, se ha pedido que en los próximos días declare por videoconferencia, mientras que Conteras es considerado prófugo.
Saiz Pineda enfrenta varias acusaciones de peculado, incluyendo una por 2 mil 604 millones de pesos.
El abogado Estrada manifestó que la fiscalía no tiene elementos para comprobar lo que le acusa a Saiz Pineda, y señaló que otra violación es que no se le dejó intervenir en la comparecencia. “No tuvimos ninguna intervención, no lo permitió la fiscalía”, dijo.
Señaló: “nos violaron nuestros derechos a nosotros como abogados, no se nos permitió el acceso inmediato”.
