El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que investiga la aniquilación de los 43 estudiantes mexicanos hizo público este lunes un comunicado en el que revela algunos de los obstáculos que se están encontrando en el camino. Los investigadores se quejan de que tres meses después de haber hecho la solicitud todavía no han recibido la autorización para entrevistarse con los militares del 27 batallón de Iguala, la ciudad donde se produjo la masacre. Los soldados se cruzaron con los jóvenes esa noche en un hospital y según la versión oficial después se encerraron en el cuartel.
Los padres, sin embargo, creen que están relacionados de una manera activa o pasiva -omitieron la labor de socorro- en la desaparición de los muchachos, que corrió a cargo de policías corruptos y sicarios de un cartel local. Ante estas sospechas, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) había solicitado interrogar a los soldados. Por el momento no lo han conseguido. El domingo recibieron una respuesta ambigua a esa petición: «El Estado continúa analizando la procedencia de la solicitud». El GIEI considera que esta demora «limita los esfuerzos de avanzar en la investigación de los hechos».
Noventa días después de haber comenzado su labor, los peritos dieron a conocer que por el momento las autoridades han cumplido de forma completa con un 30% en las solicitudes que hicieron, y un 24% de manera parcial. Un 47% todavía está pendiente, siendo la más importante el encuentro con los militares. Ellos consideran que la agilización de las respuestas a sus peticiones es fundamental para poder cumplir su labor. Los expertos tienen una autorización de seis meses para indagar en la tragedia de Iguala.
Los investigadores han visitado los lugares más relevantes vinculados con la desaparición. Las dependencias policiales donde pasaron algunas horas retenidos los estudiantes, el basurero de Cocula donde supuestamente fueron ejecutados e incinerados y el río donde los sicarios dijeron que habían lanzado las bolsas con los restos carbonizados de los cadáveres. Los recorridos los han hecho acompañados de expertos en criminalística y planimetría.
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Dada la inmensidad de la investigación, los expertos están tratando de unificar los procesos y la tipificación de los delitos en el caso Ayotzinapa, que es como se llama la escuela donde estudiaban estos muchachos destinados a trabajar en escuelas rurales de Guerrero, un estado pobre y violento del sur de México. El centro, de izquierdas, tienen una tradición contestataría, guerrillera y de oposición a los distintos gobiernos. El día que sufrieron los ataques los jóvenes estaban recaudando dinero y tratando de hacerse por la fuerza con unos autobúses y unos conductores -una costumbre muy arraigada entre ellos- que les llevase hasta la Ciudad de México par participar en una manifestación.
La PGR -fiscalía mexicana- concluyó que los estudiantes habían sido secuestrados y asesinados a manos de policías y sicarios. Sus restos, dice su expediente, fueron quemados en un basurero y después lanzados a un río. La policía encontró una de esas bolsas con huesos y de las pruebas de identificación solo se pudo verificar que pertenecían a uno de los 43 estudiantes. El resto de huesos estaban tan deteriorados que no podían ser estudiados. Ese vacío de información hace que los padres tengan muchas dudas sobre la investigación del Gobierno.
Pese a que cuentan con lo que consideran una verdad oficial, el GIEI ha dicho que la PGR tiene interés en realizar con nuevas declaraciones de los estudiantes que sobrevivieron al ataque y fueron testigo. Además, «como parte del proceso de generar confianza y acciones específicas de acercamiento entre el estado y los familiares», la nueva fiscal del Estado, Arely Gómez, se reunirá en breve con los padres de los 43.
