Las autoridades de Guatemala solicitaron el retiro de la inmunidad a un alcalde local y cuatro diputados, a quienes señalan de estar involucrados en hechos de corrupción.
La fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron a las autoridades de justicia retirarle la inmunidad al alcalde Arnoldo Medrano, que enfrenta por lo menos 31 denuncias judiciales por otros hechos de corrupción, pero quién ha sido beneficiado por juzgados y cortes para evitar ser procesado.
Medrano ha sido alcalde desde 1985 del municipio de Chinautla, uno de los más grandes del departamento de Guatemala.
Su actual administración la logró postulándose por el partido oficial. Al alcalde se le acusa de haber creado empresas con familiares y amigos, a las cuales su administración, le adjudicó millones de quetzales en obra pública, la cual no se hizo, fue sobrevalorada o se realizó con material deficiente.
Las autoridades lo acusan del delito de lavado de dinero.
Medrano buscaba su reelección con el partido Libertad Democrática Renovada, pero tras los escándalos de corrupción el partido decidió no apoyarlo.
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Sin embargo, la fiscalía también solicitó el retiro de la inmunidad de cuatro diputados que pertenecen al mismo partido, entre ellos Mario Rivera, representante por el departamento de Quiché a quien acusan de enriquecimiento ilícito luego de localizarle propiedades, especialmente en la playa, que no se ajustan a sus ingresos por su cargo.
Según las autoridades a los legisladores incluso se les habría captado en video solicitando contratos y comisiones a funcionarios públicos.
La Comisión, un ente de Naciones Unidas que investiga grupos paralelos y de seguridad en el Estado, ha desatado una ola de denuncias de hechos de corrupción que ha alcanzado altas esferas.
El escándalo de corrupción más grande es el desfalco al fisco guatemalteco, a través de una red denomina «La línea», integrada por funcionarios y particulares que recibían sobornos de empresarios para ayudarles a evadir impuestos.
Según las autoridades la línea estaba dirigida por Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de la vicepresidenta Roxana Baldetti, quien ha negado cualquier implicación pero tuvo que renunciar al cargo luego de verse vinculada al caso.
