A «El Chapo» le abrieron la puerta, concluye el académico en Derecho Penal del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Jorge Tejada Montaño: «Si no tuvieron conocimiento pudieron haberlo tenido. No es posible una fuga de este tipo sin conocimiento de una gran cantidad de gente, dentro y fuera del penal (del Altiplano)».
Argumenta lo anterior en que el Estado ha fallado en su principal razón de existir que es la seguridad. Ahora está claudicando y el mismo gobierno renuncia a esa responsabilidad, que debió recaer en instituciones como la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Gobernación y las autoridades penitenciarias quienes pudieron evitar la fuga.
«El gobierno pierde credibilidad. Porque cuentan con la tecnología y la capacitación pero no la voluntad para respetar a los ciudadanos».
Para revertir la mala imagen mostrada por la fuga del capo, el profesor propone reanudar las tareas de búsqueda y revisar qué pasó con los resultados de las pruebas de control y confianza para los funcionarios y servidores de seguridad específicamente en las tareas de vigilancia dentro del Penal de alta seguridad, donde todas las actividades debían ser preventivas para evitar colusión entre los presos y custodios.
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Menciona que la planeación de la fuga, implicó muchos meses y trabajos de inteligencia que también debió ser atendido e investigado por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen): «Un narcotraficante del tamaño de Guzmán Loera, intentó y logró comunicarse desde el interior de Penal, para dar instrucciones. La recolección de los datos, son responsabilidad de las áreas de inteligencia».
Tejada Montaño profundiza que la cadena que fortaleció el escape de «El Chapo» se origina en el poder financiero y de violencia que ostenta el cártel de Sinaloa. Explica que la capacidad monetaria del grupo hace posible la red de corrupción con altos y medianos mandos de seguridad, y el «poder de fuego» permite amenazar a las autoridades: «Los funcionarios de altos niveles no tienen garantías sobre su vida».
El poder financiero, dice, sólo ha sido combatido por autoridades internacionales que notifican congelaciones de cuentas relacionadas con el cártel o detección y destrucción de redes de lavado de dinero, mientras que en México no existe esa lucha.
