El Ejército mexicano se encuentra en un torbellino de controversia sobre su respeto a los derechos humanos. El último caso es la muerte de siete jóvenes jornaleros en Zacatecas (centro de México) por la que cuatro militares han sido detenidos como sospechosos.
Este episodio se suma a otros por esclarecer. El caso Tlatlaya, un operativo en el que murieron 22 supuestos narcos y por el que están arrestados ocho militares. La muerte de un niño en Aquila (Michoacán) el pasado fin de semana en una balacera en la que está por dilucidar si hubo responsabilidad castrense. Y el caso Igualapendiente de que se permita a un grupo internacional de expertos interrogar a los militares de la zona donde fueron asesinados 43 estudiantes.
Las justicias militar y civil, además de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), han abierto investigaciones sobre lo sucedido en Zacatecas en la localidad rural de Calera, a medio camino entre las ciudades de Fresnillo y Zacatecas capital. Siete campesinos –cinco hombres y dos mujeres, entre ellos dos menores– desaparecieron el 7 de julio. Sus familias lo denunciaron ante las autoridades asegurando que vehículos militares habían llegado a la vivienda donde estaban y se los habían llevado a la fuerza argumentando que buscaban armas y drogas.
El 9 de julio aparecieron los cadáveres de cuatro de los desaparecidos y el día 11 otros tres. Según el peritaje forense los cuerpos presentaban golpes y estaban en descomposición. Cinco han sido identificados y a otros dos tendrán que hacerles pruebas genéticas. La Secretaría de la Defensa Nacional ha hecho un comunicado en el que reconoce que según las propias pesquisas del Ejército existen «indicios de una probable participación de personal militar» en el asesinato de los jornaleros.
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Este lunes, en un acto en el Estado de Guerrero, lugar de los hechos de la matanza de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el presidenteEnrique Peña Nieto mostró su apoyo al Ejército en medio de este periodo de controversia: Por más que algunos se empeñen en manchar los esfuerzos del Ejército, es de reconocer su incansable e inagotada labor
, dijo el mismo día en que la CNDH alertaba del «clima de violencia» que padecen algunas regiones y de sus perjuicios para los derechos humanos.
El papel del Ejército en la lucha contra el crimen ha sido un aspecto en tela de juicio desde que el expresidente Felipe Calderón decidió al principio de su mandato (2006-2012) sacar a los militares de los cuarteles para fortalecer su ofensiva contra los carteles de la droga, estrategia a la que Peña Nieto ha dado continuidad. Desde entonces se han sucedido las denuncias de supuestas violaciones de derechos humanos por parte de personal militar y han arreciado las críticas por asignar labores de seguridad civil a una entidad como el Ejército esencialmente preparada para la guerra.
En el tercer año de mandato de Peña Nieto el problema de la seguridad se ha vuelto un quebradero de cabeza para su Ejecutivo. El eje de su política de gobierno, hacer crecer la economía con una reforma fiscal y sobre todo con la liberalización de la industria petrolera, se mantiene atascado y la cuestión de la violencia, cruz permanente del gobierno de Calderón durante el que hubo más de 70.000 muertos en la guerra contra el narco, ha vuelto al primer plano desde la matanza de Ayotzinapa en septiembre hasta los actuales cuestionamientos al Ejército o la bochornosa fuga de prisión de El Chapo Guzmán.
