Un juez federal decretó el inicio del proceso penal sólo contra tres de los siete servidores públicos a los que la Procuraduría General de la República (PGR) acusó del delito de evasión de reo, por su presunta participación en la fuga de Joaquín “El Chapo”Guzmán Loera; la dependencia no pudo acreditar con evidencias la implicación del resto de los inculpados.
En su fallo, el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, al actuar en auxilio del Juzgado Cuatro de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca, estableció que la forma de fuga del narcotraficante “indicaba que le fueron proporcionados datos estratégicos y logísticos de la penitenciaría, y que la construcción de un túnel altamente sofisticado en un centro penitenciario de máxima seguridad, permitía afirmar que funcionarios públicos propiciaron y favorecieron al evasor”.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dio a conocer la resolución del juez en contra del encargado del Centro del Control y dos custodios, “de quienes, por el momento, estimó existen evidencias de su participación en favorecer el escape de Guzmán Loera”, que se consumó el 11 de julio pasado, del penal de máxima seguridad de El Altiplano, en Almoloya, Estado de México.
La madrugada de hoy viernes, el CJF dio a conocer que dentro de la causa penal 48/2015, relacionada con la evasión del líder del cártel de Sinaloa, el juez dictó auto de formal prisión en contra de tres servidores públicos por su probable responsabilidad en la comisión del delito de evasión de presos en la hipótesis de cuando el detenido está siendo procesado por la comisión de delito o delitos contra la salud.
Se detalló que “en cuanto al encargado del Centro de Control (monitores) se observaron incongruencias en sus declaraciones, corroboradas con otros datos de prueba; esto, sumado a una dilación en su proceder, indicó que intencionalmente favoreció la evasión, a título de probable”.
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El fallo indica que “la fiscalía probó el delito de evasión, al existir datos suficientes para concluir que funcionarios públicos favorecieron el escape de Joaquín Guzmán Loera, alias “El Chapo” Guzmán.
Los ahora procesados permanecerán en el Centro Federal de Readaptación Social Número 12 “CPS”, ubicado en Ocampo, Guanajuato.
Sin embargo, la PGR no aportó pruebas suficientes contra otros cuatro servidores públicos inculpados.
Al respecto, el CJF informó que el juez de la causa resolvió: “sobre los monitoristas, a saber dos funcionarios del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y dos del Centro Penitenciario, por el momento no existían datos que justifiquen su formal procesamiento”, por lo que se decretó su libertad bajo reservas de ley.
