Estados Unidos se sumó a la investigación que lleva a cabo la PGR contra el Gobernador panista de Sonora, Guillermo Padrés, por presuntamente lavar dinero proveniente de posibles sobornos de un contratista.
Desde el 21 de mayo, el Departamento de Justicia estadounidense comunicó a la Procuraduría que había iniciado una investigación contra Padrés en Arizona y solicitó intercambiar información con México para reforzar sus pesquisas.
De acuerdo con bitácoras de encuentros binacionales, en materia de procuración de justicia, el 3 de junio y el 8 de julio se reunieron funcionarios de los dos países para intercambiar información sobre el caso.
La indagatoria que ahora se lleva a cabo en ambos lados de la frontera es por depósitos de 3 millones 312 mil 175 dólares que Padrés supuestamente recibió de la empresa Procesos Automatizados de Manufactura S.A. de C.V., propiedad de Mario Humberto Aguirre Ibarra.
En marzo, el diario The Wall Street Journal reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda investigaba depósitos en favor de un hermano del Mandatario panista por la suma antes referida.
Según los reportes a los que REFORMA tuvo acceso, en México ahora este asunto está a cargo de la Dirección General de Control de Averiguaciones Previas de la Subprocuraduría de Control Regional de Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.
Las transferencias por las que se indaga a Padrés se habrían concretado después de que las empresas Confecciones Industriales S.A. de C.V. y No. 1 Sonora Aparel S.A. de C.V., también propiedad de Aguirre Ibarra, recibieran un contrato de 260 millones de pesos del Gobierno estatal por uniformes escolares.
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La contratación, según las pesquisas, se concretó pese a que la oferta ganadora de la licitación costaba el doble del precio real de la mercancía.
Las autoridades mexicanas rastrearon a la empresa y detectaron transferencias ilegales hacia Estados Unidos y bancos holandeses.
De hecho, encontraron varias operaciones con grandes sumas de dinero realizadas por Guillermo Padrés y su hermano Miguel, tanto directamente como a través de las empresas Dolphinius CV’S y Tenerife CV’S, constituidas por ambos en Países Bajos.
El 15 de mayo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda confirmó a la PGR que había recibido sus requerimientos de información y documentos sobre estas dos empresas que la autoridad ministerial atribuye al Mandatario sonorense y su hermano.
Con Estados Unidos, las gestiones de asistencia jurídica de la Procuraduría datan de febrero y se trata de solicitudes de información sobre algunas cuentas bancarias.
Un documento sobre las reuniones sostenidas entre la PGR y el Departamento de Justicia deja en claro que el caso de Padrés es de la más alta prioridad para la actual gestión del Gobierno federal.
