Debió haber sido un día de gran emoción. Una subasta pública realizada el 15 de julio marcaba el fin de un monopolio de 77 años en exploración y producción petrolera por Pemex, la compañía propiedad estatal, y daba entrada a una nueva era de inversión extranjera en petróleo mexicano que hasta hace pocos años se consideraba inimaginable.
El gobierno mexicano había esperado que su primera subasta de bloques de exploración en aguas someras del Golfo de México sería el despegue de la modernización de su industria energética. En los preparativos para la licitación había buscado ser tan accesible como se lo permitiera su histórica antipatía por las compañías petroleras extranjeras.
Juan Carlos Zepeda, director de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, había puesto énfasis en la transparencia, señalando que había “cero espacio” para el favoritismo. Cuando los precios del crudo mexicano estaban arriba de 100 dólares por barril, el año pasado (ahora andan alrededor de 50), el gobierno hablaba con optimismo de una bonanza. Había pronosticado que se venderían de cuatro a seis bloques, con base en normas internacionales.
No fue así. Los resultados quedaron muy por debajo de las expectativas del gobierno y subrayan cómo el nacionalismo residual sobre los recursos continúa plagando la industria petrolera latinoamericana. Sólo dos de los 14 bloques de exploración fueron asignados, ambos al mismo trío de firmas energéticas, encabezado por una mexicana.
Los funcionarios atribuyeron el decepcionante resultado al desfalleciente mercado internacional del crudo, pero su propia inseguridad por no dar la apariencia de que malbaratan el crudo del país tal vez tuvo parte de la culpa, según expertos en la industria.
El día de la subasta, el Secretario de Hacienda fijó requisitos mínimos de postura que algunos consideraron onerosamente altos; las propuestas de cuatro bloques fueron descalificadas porque no llegaron al piso oficial.
A menudo el sector privado entiende mejor las perspectivas submarinas que el sector público, pero la renuencia mexicana a ceder todo el control podría haber impedido al gobierno aquilatar el verdadero valor de los bloques.
“Todavía tienen problemas para abandonar la vieja mentalidad del control total, en vez de dejar que el mercado decida”, comenta un ejecutivo de la industria. Uno de los dos bloques cedidos al consorcio ganador (formado por la mexicana Sierra Oil and Gas, Talos Energy, radicada en Dallas, y la londinense Premier Oil) fue objeto de una disputa más reñida de lo que el gobierno esperaba: cuatro grupos ofrecieron mucho más que el mínimo fijado.
A causa de sensibilidades históricas, México otorgó extraños contratos para compartir ganancias entre el Estado y empresas privadas, en vez de conferir propiedad absoluta de las reservas petroleras al sector privado. También requirió cierto nivel de garantía corporativa para cubrir derrames que rebasen las normas internacionales. Su capacidad potencial de rescindir contratos también ha alarmado a algunas compañías, temerosas de que sus pozos sean expropiados sin compensación.
La subasta en México llega en un momento en que otros países de AL –incluso la Venezuela socialista– reconsideran su visceral hostilidad hacia las firmas petroleras foráneas, aunque aún con titubeos.
La caída de precios ha arruinado los planes de inversión en la zona, y ha dado más atractivo a los beneficios de adoptar una dosis de la eficiencia del sector privado. Ante la escasez del capital, la competencia por la inversión extranjera se ha incrementado.
Pemex ha recortado este año su gasto de capital en 4 mil millones de dólares, o alrededor de 12 por ciento, a 23 mil 500 millones de dólares; las cifras para los próximos cuatro años están ominosamente “en revisión”. México necesita con desesperación compensar ese descenso para sostener la producción de crudo.
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