El 20 de septiembre de 2011, a las cinco de la tarde, seis furgonetas cortaron el tráfico en la carretera de Boca del Rio, una de las zonas turísticas más populares de Veracruz. Abrieron las compuertas ycolocaron sobre el asfalto 35 cadáveres y un mensaje: “Aquí yace el Ferras y su corte real”.Veracruz, en el Golfo de México, ha sido uno de los Estados más azotados por el crimen organizado durante los peores años de la guerra contra el narcotráfico. Una economía bendecida por el petróleo y su condición de ruta de paso para el envío de droga a la costa este de EE UU lo convirtieron en un jugoso pastel para las mafias. Descabezada la organización que operaba en el territorio, los Zetas, los episodios de horror espectacular han menguado. Pero Veracruz sigue siendo uno de los estados más violentos de México.
En 2011 se registraron más de 1.000 homicidios, más del doble que el año anterior, según cifras del INEGI. El actual gobernador, Javier Duarte, llevaba apenas un año en el cargo. Había sucedido al polémico Fidel Herrera, continuando una saga de mandatarios priistas que dura más de 80 años. Veracruz no ha tenido transición de partido desde la apertura democrática del sistema mexicano en el 2000. La revista Forbes señaló recientemente a Herrera como uno de los 10 políticos más corruptos del país. En un juicio en Texas, el FBI alegó que el ahora exgobernador era parte de una trama fraudulenta entre Pemex y los Zetas. El caso se cerró con la condena para un contratista de la empresa estatal. Herrera negó las acusaciones y el asunto nunca fue investigado en México.
Veracruz, gobernada por el PRI, no ha tenido transición de partido desde la apertura democrática del sistema mexicano en el 2000
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“Hasta 2010 el Estado vivía dentro de un paradójica paz violenta. No había balaceras, ni incursiones violentas. Los enfrentamientos sucedían en entornos muy concretos”, explica José Homero, escritor y editor de un periódico local de Xalapa, la capital de Veracruz. Al llegar al cargo, Duarte quiso marcar distancia con su antecesor, a pesar de haber formado parte de su Gobierno. En una entrevista concedida a este diario en 2013, reconoció que los Zetas llegaron a tener el control de las calles veracruzanas. “Lo primero que pensé fue que teníamos que asegurar el fuerte empezando por la capital del Estado y cambié la policía de Xalapa, que estaba totalmente coludida con el crimen organizado. La sustituí por nuevos agentes formados ya bajo un nuevo modelo”, señaló en aquella entrevista.
La operación definitiva fue la entrada en escena en 2011 de las Fuerzas Armadas, embarcadas en las tareas de la lucha contra el crimen organizado desde que en 2007 Felipe Calderón decidiera sacarlas a patrullar las calles. Las cifras cayeron en 2013 –coincidiendo con la detención del líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño– hasta los 765 homicidios. Pero el año pasado volvieron a repuntar con fuerza, superando el millar de casos, así como las extorsiones y los secuestros, según datos de la Secretaría de Gobernación.
“La violencia sigue muy presente. Las mafias han vuelto a intensificar su presencia en Xalapa. Las extorsiones a los empresarios están provocando que muchos establecimientos tengan que cerrar”, añade Homero. Veracruz ha crecido en estos años (2%) por encima del promedio nacional propulsado fundamentalmente por el petróleo. Junto a Campeche concentra casi un tercio de las reservas totales de México. La caída de precio del crudo está sin embargo haciendo mella en las cuentas públicas. Es el cuarto Estado del país con una deuda más alta (41.300 millones de pesos) y tiene una tasa de trabajo informal superior a la media.
En estos años ha ganado visibilidad también por los ataques y asesinatos de periodistas. El último, el de Rubén Espinosa, un fotorreportero que había salido del Estado denunciado amenazas y que fue encontrado con una bala en la cabeza el pasado viernes en un apartamento del Distrito Federal. Nadia Vera, otra de las asesinadas aquella noche, era una activista de derechos humanos que había huido del Estado presionada también por amenazas.
Veracruz es el Estado mexicano más letal para ejercer la profesión. Van 15 reporteros asesinados en los últimos cuatro años. “Cada periodista tiene su historia. No todos los fallecidos cubrían grandes temas de seguridad. Algunos hacían información muy local de los municipios donde vivían”, señala Gabriel Soto, portavoz de la ONG internacional en defensa de los periodistas Artículo 19. El caso de Moisés Sánchez, asesinado el pasado enero, es paradigmático. Desde una minúscula publicación, gratuita y de circulación comunitaria en el pequeño pueblo de Medellín de Bravo, informaba sobre la actualidad de la política local. Lo secuestraron y apareció degollado a los pocos días. Era un trabajador precario que para llegar a fin de mes tenía completar su sueldo conduciendo un taxi.
“La causa común a todos los casos es la desprotección y las políticas autoritarias por parte del poder político del Estado”, añade Soto. La presión de la sociedad civil, específicamente del gremio prensa, llevó a que el Hay Festival, un reconocido encuentro internacional de narrativa, tuviese que renunciar el año pasado a su sede en Xalapa. En un reciente acto público, el gobernador Duarte, epicentro de las críticas sobre la vulnerabilidad de los periodistas, se pronunció así sobre el problema: «Lamentablemente, algunos de los colaboradores y trabajadores de los medios de comunicación tienen vínculos con grupos de la delincuencia y también están expuestos a esta situación… Pórtense bien, todos sabemos quiénes andan en malos pasos».
