El terrible asesinato de cinco personas el pasado 31 de julio en la Ciudad de México, entre quienes se encontraban el fotoperiodistaRubén Espinosa y la activista Nadia Vera, ambos amenazados por las autoridades de Veracruz, no es más que la manifestación más reciente de un problema estructural que padece no sólo el Estado de Veracruz, sino México como nación. Se trata de la impunidad, de la incapacidad del sistema de justicia mexicano para castigar los crímenes y delitos, cualesquiera que éstos sean y quienesquiera que sean sus responsables.
La impunidad ha sido la columna vertebral del viejo régimen y su subsistencia, a pesar de la frágil transición a la democracia, explica en buena medida la crisis de inseguridad que ha padecido el país en los últimos 10 años. La impunidad es gravísima en el plano penal, pero aún más tratándose de los delitos cometidos por políticos profesionales, que nunca reciben castigo.
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Se ha denunciado múltiples veces la responsabilidad de políticos en activo por amenazas, intimidación y agresión, no sólo a periodistas, sino a activistas civiles, académicos y a todo aquel que emite una opinión que desagrada al poder. Más de la mitad de las agresiones sufridas por periodistas en México son imputables a políticos. La impunidad también se expresa en la corrupción rampante que vive el país, que no es detenida por ninguna institución de las múltiples que succionan el presupuesto público, sin tener capacidad alguna para detener el saqueo.
Si algo percibe la población mexicana es que no hay castigo para los delitos económicos, políticos y penales que cometen los servidores públicos. La más radical impunidad se ha expresado recientemente en las ejecuciones extrajudiciales de los 43 estudiantes de Ayotzinapa hace casi un año y de 42 presuntos criminales en Tanhuato, norte de Michoacán, dos meses y medio atrás.
Si bien la impunidad empieza en la misma cúspide del poder, lo cierto es que sus peores expresiones devienen del brutal autoritarismo subnacional que la nación padece. En la gran mayoría de los estados hay una represión más o menos abierta a todo aquel que osa criticar la labor de los gobernadores, y subsisten las prácticas del viejo régimen de control de los medios vía compra de espacios y conciencias, y de control politico vía clientelismo generalizado y represión de líderes sociales incómodos.
Dentro de ese contexto Veracruz destaca por ser el peor caso: es el estado donde más periodistas han muerto o desaparecido, o han tenido que irse. La violencia ha afectado más a periodistas locales con empleos precarios que denunciaron al autoritarismo municipal o al crimen organizado. Deespués de varios asesinatos de periodistas atribuidos al crimen organizado en 2011, un crimen claramente político, el de la periodista Regina Martínez en 2012 inauguró una nefasta nueva tendencia de agresiones a periodistas por razones políticas, ninguno de los cuales ha sido castigado. Es así que el crimen más reciente sólo puede entenderse como una consecuencia, directa o indirecta, de este clima perverso que ha anulado de facto el derecho a la libre expresión de las ideas.
El vaciamiento de la democracia mexicana no se expresa solamente en esta represión de los actores del espacio público, sino en la colonización de las instituciones que deberían de garantizar los derechos de los ciudadanos. Los institutos de transparencia, las instituciones electorales, las comisiones de derechos humanos, las contralorías y órganos de fiscalización estatales, se han convertido en meros instrumentos de los gobernadores.
Mientras no pongamos un alto al cáncer de la impunidad, México seguirá precipitándose en un escenario de violencia y de descomposición de su frágil democracia.
