De acuerdo a las cifras más recientes proporcionadas por la Patrulla Fronteriza Sector Tucson, desde el pasado 1 de octubre y hasta el 31 de julio se detuvieron a 53 mil 659 inmigrantes indocumentados, frente a los 77 mil 844 durante el mismo periodo del año fiscal de 2014 (del 1 de octubre de 2013 al 30 de septiembre de 2014).
Solamente durante el pasado mes de julio se arrestaron cuatro mil 075 migrantes, frente a las cinco mil 018 detenciones de julio de 2014.
La Patrulla Fronteriza atribuye este descenso a una mayor seguridad en la frontera, el uso de alta tecnología y más agentes fronterizos que hacen cada vez más difícil el cruce fronterizo.
Estas cifras, sin embargo, no impresionan al polémico alguacil Arpaio, quien aseguró que otra cosa muy diferente ocurre dentro de sus cárceles en el condado de Maricopa.
«Si la frontera esta más segura que nunca me gustaría saber por qué el mes pasado el 43 % de indocumentados que regresaron a mis cárceles ya habían estado antes aquí», cuestionó Arpaio, conocido a nivel nacional por su mano dura en contra de la inmigración indocumentada.
Aclaró que estos individuos están en la cárcel no por ser indocumentados, sino porque han cometido algún tipo de crimen.
El agente aseguró que en los últimos años su departamento ha entregado a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) alrededor de cinco mil inmigrantes, de los cuales, estimó, el 35 % ha regresado a la cárcel nuevamente.
El alguacil dijo estar interesado en saber si realmente la frontera está «más segura que nunca» si una persona puede reingresar tan fácilmente de nuevo al país.
«Tenemos casos de personas que han sido deportadas y siguen regresando», lamentó.
Cuestionó si realmente los indocumentados que son entregados a ICE son deportados a sus países de origen o simplemente son puestos en libertad «por la puerta de atrás» de regreso a las calles de la ciudad de Phoenix (Arizona).
Arpaio aseguró que ha escrito varias cartas al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en las que expresaba esta preocupación, aunque nunca ha recibido respuesta a sus cuestiones.
El controvertido alguacil, famoso por sus operativos contra la inmigración indocumentada que lo han llevado a enfrentar un juicio por discriminación en contra de conductores hispanos y una demanda por parte del Departamento de Justicia, dijo apoyar el movimiento a nivel nacional para terminar con las «ciudades santuario».
La senadora federal de California Dianne Feinstein anunció recientemente su intención de presentar un proyecto de ley que obligaría a las autoridades locales a colaborar con las federales en materia de inmigración para terminar así con las «ciudades santuario».
Más de 320 jurisdicciones, entre ellas los estados de California y Connecticut, aprobaron leyes que impiden a la policía participar en actividades de inmigración que son «voluntarias», como las polémicas «órdenes de detención» de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) para dar tiempo a decidir la posible deportación del indocumentado retenido.
La idea de Feinstein es muy similar a la que el estado de Arizona implementó en 2010 con la aprobación de la ley estatal SB1070, que autorizó a los departamentos policiales a cuestionar el estatus migratorio de las personas que son detenidas, inclusive por simples infracciones de tráfico.
Críticos de esta legislación aseguran que la SB1070 «legalizó» el perfil racial en Arizona.
El ataque en contra de estas ciudades surgió tras la muerte en la ciudad de San Francisco el pasado 1 de julio de Kathryn Steinle, de 31 años. El mexicano indocumentado Juan Francisco López, quien cuenta con historial criminal y había sido deportado cinco veces anteriormente, fue acusado del crimen.
En opinión de Arpaio, Arizona cuenta por lo menos con una «ciudad santuario» en referencia a Tucson y lamentó esta situación, aunque dejó claro que luchará para que en su jurisdicción no se repita esta situación.
«Mientras yo sea alguacil del condado de Maricopa, Phoenix nunca será una ‘ciudad santuario'», concluyó Arpaio.
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