La Secretaría de Gobernación y la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) comenzaron el análisis para la elaboración del proyecto de iniciativa de la ley general para la búsqueda de personas no localizadas y la prevención y sanción del delito de desaparición forzada.
El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y el gobernador de Coahuila y coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago, Rubén Moreira, instalaron diversas mesas de trabajo a través de las cuales se atenderán temas como el sistema nacional de búsqueda de personas no localizadas, registro nacional forense de identificación de personas, atención a víctimas y reparación de daños, así como en materia penal y de sanciones.
De acuerdo con un comunicado emitido por la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián señaló que es necesario contar con una ley que sea capaz de definir las obligaciones, las competencias, los procedimientos, los tiempos y las sanciones que permitan atender de manera eficaz este tema.
Indicó que la elaboración del proyecto de iniciativa de esta ley requiere de la experiencia y conocimiento de quienes tienen la responsabilidad de esta tarea en cada una de las entidades federativas.
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Para construir el proyecto de ley, añadió, se requerirá de la retroalimentación de los funcionarios públicos que ven el tema, por lo que es necesario que las entidades federativas y el Distrito Federal se sumen al esfuerzo.
Por su parte, el gobernador Moreira Valdez apuntó que ante el reclamo de la sociedad mexicana es importante trabajar para generar los instrumentos legales en la materia.
En el evento estuvieron presentes el titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, David Arellano Cuan; el comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Sergio Jaime Rochín del Rincón; por parte de la Procuraduría General de la República, el titular de la Subprocuraduría Jurídica y Asuntos Internacionales, José Alberto Rodríguez Calderón, y de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, así como el representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios.
