Morelia, Mich., a 17 de agosto de 2015.- Es responsabilidad del Estado Mexicano en su conjunto garantizar las condiciones de seguridad, paz y desarrollo en aquellas regiones del estado en donde los ciudadanos se vieron obligados a tomar las armas para hacer frente a la delincuencia, por ello la posible solución al tema de las autodefensas sigue estando en manos de la Federación, y es un hecho que debe existir voluntad de la Presidencia de la República para abonar a la pacificación de las zonas en conflicto en la Tierra Caliente y la costa michoacana, destacó Carlos Torres Piña.
En rueda de prensa, el presidente estatal del PRD, en donde estuvo acompañado por la secretaria de Difusión y Propaganda, Julieta López Bautista y por Patricia Flores Anguiano, secretaria de Derechos Humanos del Comité estatal, reiteró que en cambio la federación se ha dedicado en las últimas semanas a mantener un conflicto judicial con los ex líderes de las autodefensas, bajo acusaciones fundadas, principalmente, sobre la violación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
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“Debido a la acusación que pesa sobre ellos es la violación a la Ley Federal de Armas de Fuego, en los hechos, en las entidades en donde surgió el fenómeno, Michoacán y Guerrero principalmente, no tienen ninguna competencia para actuar directamente, toda vez que el artículo segunda de la ley en mención señala que su aplicación sólo corresponde al Presidente de la República, y/o bien a los secretarios de Gobernación y de la Defensa Nacional. Es decir, que la solución posible a este fenómeno social sigue estando en manos de la Federación, y es un hecho que de existir voluntad del presidente Enrique Peña Nieto podría abonarse a la pacificación de las zonas en conflicto”, reiteró.
En este sentido, Carlos Torres Piña refrendó que el partido suscribe la postura del Gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles, de que en Michoacán debe prevalecer el estado de derecho y nadie puede hacer justicia por su propia mano.
En otro tema, el dirigente del PRD consideró que en el caso de la propuesta que hizo Salvador Jara para que Martín Godoy reasuma la Procuraduría General del Estado (PGJE), se trata de una atribución exclusiva del actual gobierno, y por ende reiteró que Godoy Castro llega con Salvador Jara y se va con él, y concluye su trabajo el próximo 30 de septiembre, cuando concluye la actual administración estatal.