A poco más de un mes de que se cumpla un año de la desaparición de 43 estudiantes en México, los expertos internacionales acreditados para inspeccionar el caso han criticado en una rueda de prensa que el Gobierno no les permite entrevistar a soldados del batallón de la zona del crimen. «Se nos dice que podemos plantear preguntas pero no hacerlas directamente ni estar en la declaración de los militares», ha explicado el especialista español en atención a víctimas Carlos Beristain.
El argumento del Gobierno, añadió el abogado chileno Francisco Cox, es que las entrevistas directas a militares «pondrían en riesgo la legalidad de la investigación». Sin embargo, sí se les ha permitido ese tipo de encuentro con policías, con testigos e incluso con inculpados procesados por el conocido como caso Iguala por el nombre del lugar de los hechos, un municipio de Guerrero, un Estado al sur de México pobre y con graves problemas de criminalidad y corrupción.
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Los especialistas, nombrados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el visto bueno del Gobierno de México, han decidido no entregar un cuestionario de preguntas, alternativa a las entrevistas planteada por las autoridades.
A lo largo de la instrucción del caso, la presencia de un batallón permanente en el lugar, en una caótica noche en la que policías locales tirotearon buses con estudiantes de la reivindicativa escuela de magisterio rural de Ayotzinapa y entregaron luego a los jóvenes a una banda de narcos, ha sido un punto de controversia mediática y social. «El motivo por el que queremos entrevistar a los soldados es que fueron testigos de ciertos hechos, pero no tenemos nada que los vincule», aclaró Cox.
Los expertos también expusieron su «especial preocupación» por la desatención y pérdida de evidencias que han detectado desde el comienzo de su misión en marzo, tiempo en el que han trabajado sobre el terreno y con los «115 tomos» del expediente.
Revisando estos documentos en junio, nueve meses después del crimen, leyeron que al día siguiente de las desapariciones se había recogido ropa y objetos que podrían ser de las víctimas. Preguntaron por estas pruebas a la Procuraduría General de la República (PGR), responsable de la investigación, y descubrieron que «no sabía nada» de ellas. «Es un hecho grave», denunció en la rueda de prensaClaudia Paz, que fue la primera mujer Fiscal General en Guatemala.
Las autoridades habían guardado parte del material en Guerrero y otra parte en México DF y estaba «apilado, con hongos y con humedad». Muestras de esta ropa serán enviadas al laboratorio austriaco encargado de los análisis genéticos del caso, sobre todo de los trozos de hueso que se hallaron dentro de una bolsa en un río y que según las pesquisas de la PGR son restos de los cuerpos de los estudiantes, quemados en un basurero en una pira alimentada durante horas con neumáticos. Hasta el momento entre esos restos ha sido identificado uno de los 43.
Los expertos también han dado cuenta de la pérdida de vídeos tomados por cámaras de vigilancia en uno de los escenarios de las desapariciones, ante el Palacio de Justicia de Iguala. El grupo de especialistas presentará su informe completo en México el 6 de septiembre, y ha solicitado que se prolongue otros seis meses el acuerdo de inspección para poder completar su trabajo.
