Expertos en transparencia enlistaron ayer diferentes deficiencias en la investigación con la que la Secretaría de la Función Pública descartó que hubiera “conflicto de interés” en la asignación de contratos a empresarios cercanos al presidente Enrique Peña Nieto, a su esposa Angélica Rivera Hurtado y al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, a quienes además han vendido sendas residencias.
Los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) también pusieron en entredicho la explicación sobre el tema de las casas. El primer acto del regreso del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a Los Pinos fue sentar a estas dos fuerzas políticas de izquierda y derecha en una sola mesa llamada Pacto por México, pero ahora, ambos insisten en una investigación más a fondo sobre el tema.
Primero, dijo Alejandro González Arreola, director de Gestión Social y Cooperación (Gesoc), “nadie esperaba un resultado distinto”, porque la instancia que generó la investigación es subordinada del Presidente.
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El experto cuestionó sobre todo el método de la investigación, ya que, como explicó el secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade Martínez, se basó en cuestionarios a 111 servidores públicos involucrados en la asignación de los contratos a las empresas de Juan Armando Hinojosa –que en 2012 financió la residencia de Angélica Rivera y vendió sin ganancias otra a Videgaray–, y Arturo San Román Dune, que entre 2005 y 2006 le vendió otra a Peña Nieto.
“La corrupción nunca se va a encontrar a través de una confesión escrita en un documento público. Si piensan que a través de entrevistas o a través de análisis documental se va a encontrar el conflicto de interés, evidentemente no. Yo creo que la autoridad tendría que ir mucho más lejos en sus facultades de interpretación, analizando básicamente la realidad, no los documentos. Digamos que están atendiendo la forma y olvidando el fondo”, dijo Arredondo.
