La Procuraduría General de la República (PGR) informó que recibió el expediente que contiene la averiguación previa relacionada con los hechos ocurridos el pasado 22 de mayo de este año en el municipio de Tanhuato, Michoacán, del cual se declaró incompetente la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) el pasado 21 de agosto.
Al respecto, la titular de la PGR, Arely Gómez González, instruyó a su personal, iniciar de inmediato un análisis exhaustivo, que incluya la revisión detallada de dicho caso.
“Para ello, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) deberá agotar todas las líneas de investigación, en las que se incluyan, además, otras diligencias”, señaló la comunicación oficial de la PGR.
Al mismo tiempo, la dependencia exhortó a la ciudadanía a aportar más elementos que permitan esclarecer la muerte de los 42 civiles muertos la mañana de ese 22 de mayo, la mayoría relacionados por la autoridad federal con el grupo criminal Cártel Nueva Generación (CNG).
Los hechos ocurrieron en las primeras horas del viernes 22 de mayo, sobre el kilómetro 370 de la autopista de Occidente México-Guadalajara, donde también perdió la vida un elemento de la Policía Federal.
De los 42 civiles muertos, falta uno por identificar quien a pesar de sus características corporales, no ha sido reclamado por sus familiares.
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En su momento, el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, explicó que la reyerta se presentó en el marco de la Operación Jalisco, iniciada el 1 de mayo, y en seguimiento a una averiguación previa por la invasión a una propiedad que se ubica en el municipio, por parte de personas armadas.
Rubido insistió en que la actuación de la Policía Federal fue para defenderse de una supuesta agresión a tiros desde el interior del Rancho del Sol, luego de que civiles armados detectaran la presencia de las corporaciones de seguridad y tras la persecución de dos personas que huían en un vehículo que los guiara hasta ese predio.
Esta versión ha sido contradicha por los abogados y familiares de las personas fallecidas, quienes si bien reconocieron que varios de los ejecutados a tiros trabajaban directa o indirectamente para el crimen organizado, también denunciaron que hubo excesos en el uso de la fuerza pública durante el operativo.
“Te puedo decir que por las heridas que presentaban, sí le falló a las autoridades el montar el teatro para hacerlo ver natural, porque prácticamente a la hora de fotografiar los cuerpos que presentaban los disparos por la espalda, los hacían ver como si estuviesen en huida.
“Sin embargo, la verdad es que sólo fue el reacomodo de los cuerpos, porque fueron victimados en ejecución”, señaló el abogado José Ochoa, quien asesoró a los familiares de al menos 37 de las 42 víctimas fallecidas durante el presunto enfrentamiento con elementos la Policía Federal en ese municipio michoacano.
