Los estados enfrentarán presión en sus finanzas públicas y menor liquidez por el recorte hasta de 0.7 por ciento del PIB al presupuesto federal, que Hacienda hará en el Paquete Económico de 2016, según un análisis de Moody’s.
La agencia de calificación crediticia prevé un recorte a «las transferencias para proyectos de infraestructura de los estados y para otros proyectos acordados entre los estados y las secretarías federales», indica el documento.
Por lo general, el gobierno recorta gasto en infraestructura por su alto costo y porque es más sencillo reducir esos proyectos que revisar cada línea del gasto corriente, dijo en entrevista Francisco Vázquez, analista de Moody’s y coautor del informe.
«Además, esos proyectos se negocian a escala federal, que es la instancia que otorga los recursos. Es muy común que los gastos en bienes de capital sean las variables de ajuste», explicó.
Un ejemplo para ilustrar esa estrategia es la suspensión definitiva, en enero de este año, del tren de pasajeros transpeninsular Yucatán-Quintana Roo, así como el de alta velocidad México-Querétaro, al tiempo que Hacienda anunció un recorte de 124 mil millones de pesos para 2015 ante el desplome de los ingresos petroleros.
Las aportaciones, participaciones y otras transferencias de recursos que se otorgan a los estados representan 40 por ciento del gasto federal aprobado para 2015, por lo tanto, Moody’s pronosticó que se ajustarán algunos de estos segmentos en 2016.
La agencia calificadora indicó que tanto las aportaciones como las participaciones que reciben los estados continuarán al alza —según la tendencia histórica y como indicó la Secretaría de Hacienda en los precriterios de política económica.
Por ello, el apartado de «otras transferencias» al que se refiere Moody’s, en especial el ramo 23 y otros subsidios, «serán las áreas en las que se lleve un ajuste presupuestal», las cuales están encargadas de «financiar proyectos de infraestructura local y regional».
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El segmento «otras transferencias» también incluye gasto en recursos para protección social en salud —como el seguro popular, que utiliza recursos federales pero es administrado por otras entidades—, convenios y programas entre estados y secretarías federales, y subsidios para «diversos objetivos», lo cual hace que sean poco probables los recortes en cualquiera de estas áreas, señaló el informe de la agencia.
El problema es que la categoría del ramo 23 y otros subsidios crecieron de manera sostenida entre 2012 y 2014 a una tasa de más de 25 por ciento anual, de acuerdo con datos de Moody’s.
Y el gobierno federal podría mantener el mismo flujo de recursos que fijó en 2015 para el próximo año, lo que generaría una reducción presupuestal federal de 0.25 por ciento del PIB —más de una tercera parte del objetivo de 0.7 por ciento.
«Nosotros estimamos que ese segmento ya no va a crecer a 25 por ciento y va a recibir lo mismo que en 2015. Ese crecimiento de cero por ciento representa una caída de 2 y 5 por ciento de los ingresos propios de las entidades», indicó Vázquez.
El especialista indicó que una reducción en ese segmento propiciaría distorsiones en el ejercicio presupuestal y un aumento en la deuda con proveedores del gobierno; es decir, estados y municipios tendrán menos capacidad de pago para empresas que les ofrecen bienes y servicios.
Y las entidades podrían recurrir a solicitar más financiamiento o en el peor de los casos cancelar proyectos por falta de liquidez.
«La marcada desaceleración del ramo 23 y otros subsidios tendrá consecuencias negativas para los estados», precisó Moody’s en el reporte.
