En una acción coordinada entre autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) y los gobiernos de El Salvador y Guatemala, fueron detenidos 11 integrantes de una red de tráfico de personas que buscaban internarse a Estados Unidos.
Todos quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación, por su probable responsabilidad en la comisión de los ilícitos de tráfico de personas indocumentadas y delincuencia organizada.
La averiguación previa, que desde hace varios meses había iniciado el ministerio público federal, dio como resultado un intercambio de información con las autoridades de Centroamérica.
Entre las personas que cruzaban territorio nacional estaban mujeres y menores de edad migrantes no acompañados, que mediante un pago anticipado se ponían en manos de la organización delictiva.
Mediante el cruce de datos, los encargados de la indagatoria supieron que la banda de Los Luceros era la encargada de hacer los contactos de los migrantes en Centroamérica.
En tanto, en México identificaron a un hombre de apellido Pinos como el «coordinador» de traslado de hombres, mujeres y niños por diversos estados del país hasta llegar a la frontera con Estados Unidos.
La PGR confirmó que esta red tenía un alcance trasnacional, pues operaba desde Centroamérica con destino a los Estados Unidos a través de México.
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Modus operandi
Su forma de operar consistía en contactar a los migrantes desde Centroamérica y trasladarlos por rutas marítimas, como el puerto de Salina Cruz, Oaxaca, y por vía terrestre hasta llegar a la frontera norte.
«Se supo que para el traslado de los migrantes, el grupo criminal utilizaba rutas marítimas en el Pacífico mexicano; arribaban a Salina Cruz, principalmente, para luego dirigirse vía terrestre a través de varios estados con destino en la frontera norte», explicó la PGR.
Una vez analizadas las rutas y la forma de operar de los traficantes, aunado al cruce de datos, las autoridades solicitaron diversas órdenes de cateo para ingresar a inmuebles donde se ocultaban los migrantes.
Fue así que en Oaxaca revisaron 10 inmuebles, incluido un bar; en Puebla uno, y en Guerrero, dos viviendas, donde las autoridades aseguraron dinero en efectivo, tarjetas y documentación bancarias, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y cinco vehículos.
Los operativos en los tres estados fueron coordinados por la Seido con participación de la Secretaría de Marina, la Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración.
Además, la PGR buscó el apoyo del Sistema de Agregadurías de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la dependencia.
