México, D.F. A 03 de Septiembre de 2015.- Tras señalar que el Sistema Nacional Anti corrupción no prevé incentivos, ni protección para quien denuncia actos de corrupción, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa dijo que impulsará la iniciativa del Senador Zoé Robledo (PRD) para expedir la Ley Federal para la Protección de los Denunciantes e Informantes Actos de Corrupción.
Luego de señalar que la esencia del Sistema Nacional Anti corrupción es la denuncia y quienes realizan esta actividad de informar y denunciar carecen de una política de incentivos y protección legal que garantice su integridad y derechos, Calderón Hinojosa resaltó la importancia de romper con los círculos de complicidad y llenar el vacío que el Sistema Nacional Anti corrupción no prevé, pues muchas veces quienes denuncian son intimidados, violentados y perseguidos y no se les garantiza la protección a sus derechos o simplemente no existen incentivos que fomenten la actividad de informar y denunciar.
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Aseguró que dicha iniciativa de Ley pretende funcionar como un fuero ciudadano para toda persona que por compromiso ético y moral quiera revelar información referente a actos de corrupción. La iniciativa contempla un programa de protección a denunciantes y testigos de actos de corrupción , así como las medidas de protección y recompensa para informantes, testigos y denunciantes.
Por otra parte, la legisladora también recordó que en México no han sido pocas las veces en que los ciudadanos han tratado de denunciar actos de Corrupción y por razones de seguridad o intimidación estas denuncias no han prosperado, pues las personas no tiene un fuero ciudadano que les permita sentirse seguros y protegidos al momento de revelar información.
Así mismo comentó que recientemente en México se han dado a conocer casos de Corrupción (La Casa Blanca) y que lamentablemente quienes han denunciado y llevado a luz pública dichos temas han sido, amenazados, intimidados y despedidos injustificadamente, lo cual no puede seguir pasando en un país democrático, por lo anterior urgió garantizar la protección al funcionario público o a cualquier persona que de buena fe denuncie dichos actos o testifique los mismos.