El Primer Tribunal Unitario en Materia Penal en el Distrito Federal negó otorgar prisión domiciliaria a la ex líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Gordillo Morales por no tener aún 70 años de edad al momento de solicitar el recurso.
El juez determinó lo anterior al resolver que el recurso de apelación interpuesto por el defensor particular de “La Maestra”, resolvió que es procedente pero infundado, en razón de que ese beneficio no es dable de otorgar a la incidentista porque no se actualiza el primer requisito previsto en el artículo 55 del Código Penal Federal.
La resolución del caso señala que el artículo 55 citado prevé que: «la prisión preventiva domiciliaria» está sujeta -entre otros requisitos- a que se emita una orden de aprehensión contra una persona mayor de 70 años de edad, aspecto que no cumple la procesada, ya que dicha medida cautelar le fue dictada a la edad de 68 años; y «la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad», que prevé entre otras exigencias, el que se trate de una sentencia ejecutoriada y «que por su senilidad o precario estado de salud» fuera notoriamente innecesario que se compurgue la pena impuesta.
La inculpada está privada de su libertad por delitos de violación a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y, operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto y sancionado Código Penal Federal. Las faltas están calificadas como graves por la ley.
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En tal virtud, derivado del estado procesal en que se encuentra la causa penal contra Gordillo Morales, el tribunal federal excluyó de la hipótesis relativa a «la sustitución de la pena de prisión por una medida de seguridad», pues ésta solo se actualiza cuando se trate de sentencia ejecutoriada.
Por tanto, se consideraron infundados los agravios de la defensa que para conceder la prisión preventiva domiciliaria sólo se exige la edad de 70 años; e inatendibles los restantes argumentos.
Asimismo, señala que de continuar en prisión preventiva no implica que por sí se viole su derecho a la salud, pues ha recibido la atención médica necesaria, por lo que resultan infundados los agravios formulados con base a la transgresión de algún derecho fundamental de la procesada, consagrado en la constitución o en tratados internacionales.
