Una red de tráfico de bebés transfronteriza supuestamente operada por funcionarios de previsión social en el norte de México —y encubierta los procuradores del estado— sacó a relucir el tema de la trata de personas en el país.
Se presume que en la red tráfico infantil estaban involucrados funcionarios de la Defensa del Menor y la Familia del estado de Sonora, quienes se aprovechaban de su posición para arrebatarle a las madres solteras vulnerables los bebés que luego vendían a parejas mexicanas hasta por 150 mil pesos y a parejas estadunidenses hasta por 20 mil dólares.
La investigación avanza poco y hasta ahora las autoridades ya han arrestado a varios mexicanos acusados de adoptar bebés de forma ilegal pero fueron liberados poco después y regresaron a cuidar a los niños que supuestamente compraron.
La trata de personas es una rama bien establecida del crimen organizado en México, aunque rara vez se le pone atención debido a las dramática amenaza que representan los cárteles para el gobierno.
Algunos pueblos de Tlaxcala son famosos como bases para las redes de prostitución familiar forzada en la que los padres enseñan a sus hijos cómo atrapar a las mujeres vulnerables jóvenes en sus anillos con promesas de amor y matrimonio. Algunos balnearios mexicanos también son centros bien conocidos para la prostitución infantil y la pornografía.
Juan Manuel Estrada, miembro de la Fundación de Niños Robados y Desaparecidos, mencionó que el caso no había salido a la luz antes porque la procuraduría de Sonora lo estaba encubriendo.
A principios de este mes, Estrada denunció a Carlos Navarro, el procurador de Sonora, por darle largas al caso ante la Procuraduría Federal.
«Sin fundamento legal alguno se desistió de la acción penal contra los inculpados», dijo Estrada en una entrevista con VICE News.
Estrada dijo que el Departamento de Investigación de Seguridad Interna de Estados Unidos le envió una carta a Navarro el 26 de marzo donde identificaba a dos miembros de una supuesta red que estaba «vendiendo bebés recién nacidos a parejas tanto mexicanas como estadunidenses». También dijo que Navarro no hizo nada para dar seguimiento al caso durante semanas.
La carta decía que un abogado llamado José Manuel Hernández López y su ex novia Emma Falcón eran los personajes centrales en esta «red compleja» que proporcionaba a sus clientes certificados de nacimiento que los identifican como los padres biológicos de los niños. La carta también señalaba que Hernández tenía una visa con la que podía cruzar la frontera y coordinar ventas desde EU.
Otra de las ex novias de Hernández, Denisse Ramos Campillo, también acudió a las autoridades estatales con una historia similar.
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También nombró a un trabajador del hospital y a miembros de la policía como miembros, así como a un médico que ayudaba a la red a poner los nombres de los padres adoptivos en los certificados de nacimiento. Ramos también dijo que vio cómo Hernández presionaba a una mujer para que renunciara a su bebé, y que él y Arzate se llevaron un tercio de las ganancias.
Hernández confesó haber vendido cinco bebés a parejas mexicanas desde 2013 en 110 mil pesos cada uno. También confesó haber viajado a Phoenix, Arizona, para recoger parte de una cuota de 7,500 dólares por otro bebé que vendieron a un cliente en Utah.
Arzate confesó haber supervisado 13 adopciones ilegales de principios de 2012 en adelante.
VICE News obtuvo otro documento que demuestra que Navarro esperó hasta el 20 de agosto para emitir las primeras órdenes de arresto por el caso. La lista de las 16 personas incluía a Arzate y Hernández pero los dos ya habían huido.
Sin embargo, no fue hasta que la prensa local publicó fragmentos de sus confesiones que México pidió a la Interpol emitir una orden de arresto urgente para los dos fugitivos en 189 países.
Navarro también fue acusado de restar importancia a la magnitud del problema. Mientras que él sólo ha mencionado 10 casos, la comisión de derechos humanos del estado ha dicho que tiene evidencia de al menos 17 casos. Estrada, por su parte, afirma que tenía conocimiento 50 casos similares tan sólo en lo que va de este año.
Las ocho personas detenidas hasta el momento en relación con el caso son las parejas que presuntamente compraron a los bebés, aunque fueron puestos en libertad sin cargos poco después. Los niños adoptados también fueron devueltos a ellos hasta que los padres biológicos se presenten.
Blake Urrutia, un abogado que representa a varios de los padres adoptivos, aceptó que sus clientes habían pagado para «acelerar el proceso» pero insistió en que «fue una trampa» para hacerlos creer que no estaban haciendo nada ilegal.
Dijo que recibieron los certificados de nacimiento que los acreditaban como los padres biológicos de los niños varias semanas después de que se completaron las adopciones pero que eso nunca los hizo sospechar nada.
Según Urrutia, la «única intención con la que los padres recibieron a los menores fue con la de darles hogar, protección, salud y mucho amor».
