Los 33.7 millones de delitos cometidos en México durante 2014 representaron un costo para las víctimas y el país de 226 mil millones de pesos, cifra que equivale a 1.27 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, reveló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
“El costo total nacional a consecuencia de la inseguridad y el del delito en hogares representa 226 mil millones de pesos, 1.7 del PIB lo que equivale a 5 mil 861 pesos por persona afectada por la inseguridad en el delito”, dijo Adrián Franco, director general de Estadística del Inegi.
Al presentar la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre la Seguridad Pública, aseguró que 68.3 por ciento de ese total fueron pérdidas económicas a las víctimas del delito; 28.1 representa el gasto en medidas preventivas y 3.6 por ciento en gastos en salud como consecuencia de los daños sufridos durante el evento delictivo.
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Explicó que en cuanto a las medidas preventivas que adopta la gente ante el delito son, principalmente el cambio de cerraduras o candados y la colocación de rejas en puertas en ventas; así como acciones colectivas entre vecinos e incluso la compra de un perro guardián.
El costo del delito se ha mantenido constante en los últimos años, con apenas una pequeña variación a la alza con relación a años anteriores pero esa alza está aparejada con el incremento del PIB y de la inflación nacional.
“Sin embargo, lo que sí ha aumentado es el gasto en las medidas preventivas, es decir, las personas estamos en el país cada vez gastando más para protegernos de la delincuencia para no ser víctimas de un delito”, aseguró.
DELITOS DE MAYOR IMPACTO
Franco aseguró que durante 2014 en México se cometieron 33.7 millones de delitos, relacionados con 22 millones de víctimas, lo que significa una tasa de 1.5 delitos por habitante. Advirtió, sin embargo, que el 92.8 por ciento de los delitos cometidos en el país no son denunciados.
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Explicó que en el caso de la extorsión, el 97 por ciento de los más de 7.9 millones de extorsiones registradas en el país fueron vía telefónica y solo en el 5.4 por ciento de los casos la víctima entregó el recursos solicitado por el delincuente.
“Es importante referir que las personas que son víctima de llamadas de extorsión cada vez están pagando menos lo solicitado. En 2010 pago el 9.3 por ciento; 2011, fueron 9.6; en 2012, el 7.5; durante 2013, pagó 6.4 y en 2014, fue el 5.4 por ciento”, aseguró.
Sobre la cifra negra, dijo que ésta represente el 92.8 por ciento del total de delitos pues la gente que denuncia representa apenas el 7.2. Detalló que el principal motivo porque la gente no denuncia un delito es la pérdida de tiempo en la agencia del Ministerio Público atribuible a la autoridad; por trámites largos y por temor a la extorsión por parte de la autoridad; y en segundo lugar por temor a represalias del agresor.
EJÉRCITO Y MARINA, LOS MEJOR CALIFICADOS
En materia de percepción del delito dijo que la inseguridad sigue siendo la principal preocupación de la gente en su entorno. Y es que 6 de cada 10 personas dijo que su principal preocupación en la inseguridad en su comunidad; seguido del desempleo, la pobreza, salud y corrupción.
Franco explicó que nueve estado aumentaron su percepción de la inseguridad y ocho la bajaron. Entre los que la subieron están Estado de México, donde 9 de 10 diez personas lo perciben inseguro; Tabasco y Tamaulipas, donde 8 de cada 10 personas se siente inseguras.
El estado mejor ubicado es Yucatán con un porcentaje del 36 por ciento de inseguridad; es decir, 3 de cada 10 se sienten inseguros.
En materia de instituciones, el Ejército y la Marina siguen a la cabeza con los mejores índices de aceptación con porcentajes superiores al 70 por ciento. Al respecto Franco aseguró que hechos como los de Iguala o Tlatlaya han impactado en la percepción de estas instituciones pues este año por primera vez en un quinquenio tuvieron una baja.
“Es la primera vez que en la historia de las cinco encuestas que hemos realizado, que el Ejército y la Marina tengan un incremento en la percepción de corrupción y caída en la confianza de los ciudadanos.
“Todos los eventos que ocurrieron antes de abril la gente los pudo conocer y desde luego pudiera llegar a influir en la percepción que se tiene de las autoridades… Es indudable que las personas pueden confirmar su percepción a partir de lo que ven en los medios de comunicación o por eventos tan grandes y desafortunados como el caso Iguala”, explicó.
La encuesta tuvo un costo de 30 millones de pesos y se realizó a través de 95 mil entrevistas realizadas casa por casa en los hogares del país hogares.
