La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató en terreno “la grave crisis de derechos humanos que vive México, caracterizada por una situación extrema de inseguridad y violencia”, informó el organismo este viernes.
Mediante un comunicado con el que hace un reporte final de la visita que sus representantes realizaron en el país durante una semana, la CIDH señala que ”hay graves violaciones, en especial desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura; niveles críticos de impunidad y una atención inadecuada e insuficiente a las víctimas y familiares”.
Asimismo señala a los grupos más vulnerables y susceptibles de sufrir violaciones a sus derechos fundamentales, entre ellos a los periodistas y activistas.
“La violencia contra familiares de víctimas, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas es ejercida con el objetivo de silenciar las denuncias y el reclamo de verdad y justicia, y perpetuar la impunidad para las graves violaciones a los derechos humanos”, señala el comunicado.
Best to treat bleeding disorders, vomiting, sleeping problems, intestinal problems, nerve pain, dizziness and so on, it is the secret of incredible sexual power. cialis online Anticipated that will deal viagra generico uk with your needs adjust the clock, Kamagra Oral Jelly is offered in semi fluid framed sachets which are effortlessly accessible on the web. You will be helped to get viagra no prescription prolong your erection in bed. It also generates new tissues to boost length and girth of the male sildenafil in usa organ.
Ayotzinapa
En el comunicado, el organismo internacional también expresa su respaldo total al trabajo realizado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), establecido por la CIDH a solicitud del Estado mexicano y de los representantes de las familias de los estudiantes desaparecidos, muertos y heridos en Iguala entre el 26 y 27 de septiembre de 2014.
“La CIDH urge al Estado mexicano a esclarecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes. Específicamente, la Procuraduría General de la República (PGR) debe adoptar cuanto antes las medidas solicitadas por el GIE.