En entrevista para Aristegui CNN -grabada en el marco del Festival del Premio Gabriel García Márquez, que se realizó en Medellín, Colombia-, el religioso indicó que tuvo 6 informantes, quienes son habitantes de Guerrero, y tiene “perfectamente” ubicados, pero no puede revelar sus nombres por el peligro que corren.
“La primera persona que me da información, lo esencial de ella se mantiene: hubo asesinato de algunos de ellos, también cremación de alguno de ellos, no me dijo que todos, pero tampoco nunca me dijo en dónde los enterraron. Tenemos evidencias científicas de que dos normalistas sí fueron asesinados… Pero si no fueron cremados en el basurero de Cocula, entonces ¿dónde fue? Si el gobierno anunció que había más restos, y los incineraron, ¿de dónde los sacó? En algún lugar los quemaron y luego los sembraron, el problema es ¿en dónde los cremaron?”, preguntó.
“He ido analizando lo que me han dicho”, refirió y agregó que esto ha cobrado relevancia a raíz del informe de expertos de la CIDH y de organizaciones no gubernamentales que buscan el esclarecimiento de lo ocurrido, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
Solalinde expuso que el tercero y el sexto confidente le dijeron que en los hechos había participado tanto la Policía federal y el Ejército, lo que en un principio se quiso esconder.
“El sexto confidente en su narración me habla de camiones y de lugares, por ejemplo yo tenía entendido que todo había sido en el mismo lugar, cuando los ataques ocurrieron en lugares diferentes, en ese momento no lo sabíamos”, explicó.
“El tercer confidente fue un joven de Ayotzinapa, de los estudiantes de primer año, lloramos juntos porque él fue muy fuerte”, precisó.
Para dar con el paradero final de los normalistas, sostuvo, las claves son: la intervención del Ejército, la Policía Federal, un quinto camión involucrado, el testimonio de un chofer y los estudiantes que estuvieron la noche del 26 de septiembre en Iguala.
“Todo eso tiene una relevancia muy grande porque ha habido una voluntad férrea de seguir ocultando la verdad cuando el Estado sabe desde un principio qué pasó con ellos”, aseveró.
Mientras tanto, en la sociedad “estamos como atando cabos o haciendo un rompecabezas que no quedaba tan claro”.
El padre mencionó que no busca lastimar la sensibilidad de los padres de familia, quienes “tienen su presunción muy clara de lo que pudo haber pasado”, ya que existe un “Estado tan perverso, criminal, que no va a hacer caricias, van con todo, y si los muchachos fueron testigos de algo, que no sabían que había en el quinto camión, no les van a perdonar la vida”.
“No quiero ser tan explícito por la sensibilidad con los padres: mi interpretación es, si quizá esos jóvenes del quinto camión no hubieran estado ahí, no hubieran tomado ese camión que no sabían lo que contenía, y si quizá ellos no hubieran visto nada, tal vez estuvieran de vuelta a casa, pero no fue así”, reveló.
En un Estado “tan corrupto, tan implicado en un negocio tan grande como la heroína”, “hay intereses muy grandes” y una “complicidad tremenda”, refirió.
Respecto a la incineración de los normalistas, afirmó que “no hay en la región, por lo que nos han contado, ese tipo de crematorios como para desaparecer 43 personas, sí los hay en el Ejército, por más que lo quieran negar, ahí sí”.
“Recordó cómo en un primer momento pareciera que las órdenes son locales, podríamos decir municipales y estatales, porque el gobernador no pudo haber estado ajeno, pero de repente hay un cambio de táctica, una orden, que ya no es llevar a los heridos al hospital, ya no es detenerlos, ahora es acabarlos completamente, aquí tiene que haber sido una orden de una persona federal, ya no local, tuvo que haber sido una orden federal porque el Ejército no hubiera obedecido nunca a alguien que no tenga un rango federal, la policía federal tampoco recibe órdenes de rango municipal o estatal, todo apunta hacia allá, aquí el problema es ¿quién dio la orden y por qué la dio?”, insistió.
Sobre la solicitud de expertos de CIDH de entrevistarse con militares -lo cual ya ha sido rechazado-, indicó que la noche del 26 de septiembre en Iguala, el mando lo tuvo el Ejército a través del C-4, por eso “es tan importante, clave, entrevistar directamente a los mandos pero también a los subalternos”.
Sin embargo, debido a que no se conoce más que sus declaraciones ministeriales, lo que tenemos es “una verdad a gotero”.
No obstante, “la gente de Iguala sabe muchas cosas pero tiene miedo, sabe del involucramiento del Ejército y todo apunta hacia allá, tarde o temprano tendrá que saberse quién dio la orden en contra de los 43 estudiantes”.
En cuanto a una comisión internacional que pudiera investigar el caso, el sacerdote consideró que eso era “urgente y necesario pero el gobierno no va a aceptar fácilmente”, ya que su credibilidad “está por los suelos”, aunque “se necesita un apoyo internacional creíble porque la sociedad confía en expertos internacionales”.
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