La Procuraduría General de la República (PGR) publicó hoy un acuerdo para la creación de una nueva Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura.
En el Diario Oficial de la Federación, la PGR señala que la nueva unidad dependerá orgánicamente de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.
El titular de esta unidad será nombrado directamente por la procuradora Arely Gómez; deberá cumplir con el perfil de un abogado y contará con todas las atribuciones de un ministerio público federal.
La PGR explicó que hasta el momento los casos de tortura se han tratado de concentrar en determinadas áreas de la institución; sin embargo, existen investigaciones en curso a cargo de diversas unidades administrativas u órganos desconcentrados de la dependencia, lo que deriva en una atención segmentada a esos asuntos.
Estos «ha venido ocasionando inconvenientes para aplicar esfuerzos uniformes y sostenidos al respecto, así como para identificar con precisión la cantidad de casos en trámite», señala el acuerdo.
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«Que por la relevancia que reviste y por todas las consideraciones previas, se estima necesaria la creación de una Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, en la que se concentren todos los casos bajo el conocimiento de la institución relativos a tortura, lo que permitirá otorgar atención especializada bajo condiciones que hagan posible una actuación ministerial oportuna, sensible, eficiente y efectiva».
El titular de dicha unidad podrá colaborar en el diseño de los protocolos relativos a la investigaciones del delito de tortura, así como instrumentar, supervisar y evaluar su aplicación.
Además, el encargado de la nueva unidad contra la tortura podrá requerir a las áreas de investigación policial, tecnológica, científica y pericial de la PGR o de otras instancias toda la información que sea necesaria para la investigación de delito de tortura.
El acuerdo entrará en vigor mañana y en él se instruye a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y a la Oficialía Mayor, a que, en un plazo no mayor a 30 días naturales, «realicen las acciones necesarias en el ámbito de sus respectivas competencias para que sean transferidos a la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros necesarios y suficientes, que le permitan cumplir eficaz y eficientemente las actividades encomendadas».
