Especialistas celebraron la decisión del senador del PRI Omar Fayad de retirar la polémica iniciativa de «Ley cibermordaza», señalada como un instrumento para sancionar penalmente el uso de internet.
Luis Fernando García, de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales, consideró positivo que el legislador federal reconociera las fallas de su proyecto y el riesgo que representaba para los derechos de los usuarios de la red.
«Me parece muy positivo y bueno que se reconozca que esta legislación no está bien redactada y parte de supuestos equivocados», expresó.
Darío Ramírez, de la organización Artículo 19, también se congratuló con el anuncio realizado por Fayad, pero pidió claridad para que quede desechada por completo la propuesta inicial.
«Bienvenido que recule el senador, ahora hay que abrir la discusión, pero sería una estrategia política engañosa partir de esa iniciativa. Primero se debe realizar una consulta mucho más dialogada, con un proceso transparente de debate, riguroso, serio y sin albazos», dijo.
La profesora de Internet y Medios del Instituto Tecnológico de Monterrey María Elena Meneses consideró que la decisión de Fayad es una reacción positiva ante un proyecto de ley ignominioso.
Sin embargo, consideró que el simple hecho de haberla presentado genera dudas sobre las intenciones del PRI y el Gobierno en este ámbito.
«Nos queda la duda de si se trató de una provocación. Le doy al senador el beneficio de la duda, pero conociendo el tipo de senador que es, que siempre está pendiente de las coyunturas, dudo que haya actuado con buenas intenciones», señaló.
Aleida Calleja, de Observacom, también celebró la decisión de Fayad tras advertir que cualquier legislador se puede enfrentar a una circunstancia similar, de presiones de la sociedad civil, cuando decide actuar de manera unilateral.
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«Está bien que haya reaccionado de esa manera, pero esto es lo que pasa cuando se toman decisiones unilaterales, sin tener los conocimientos técnicos, sin consultar o escuchar a la sociedad y a la academia», indicó.
«Éste es un recordatorio a los legisladores de que son representantes de los ciudadanos, que tienen que dialogar y conciliar todos los intereses, pero poniendo por delante los intereses de la población y el respeto a sus derechos humanos».
Los especialistas manifestaron abiertamente su interés de participar en las consultas que se llevarán a cabo en el Senado para debatir a fondo sobre el combate a los delitos informáticos, con plenas garantías a la privacidad y la libertad de expresión en internet.
Además, se pronunciaron por que otras fuerzas políticas, distintas al PRI, se involucren en la discusión, al igual que representantes de instituciones educativas, empresas de telecomunicaciones y la sociedad civil en general.
Coincidieron en que, más que castigar o regular a la tecnología, los legisladores deben enfocarse en sancionar conductas delictivas que incluso ya se encuentran tipificadas en el Código Penal.
«Con esta iniciativa se pretendía legislar sobre la plataforma tecnológica y no sobre los delitos, por eso hay que desecharla, porque viola el principio de neutralidad tecnológica», aseveró Calleja.
Meneses aseguró que se comete un «error garrafal» al tratar de controlar el uso del internet, sólo porque es un medio que le ha resultado adverso a la clase política.
«Se deben sancionar las conductas no el medio, porque si se va contra el medio se corre el riesgo de atentar contra los derechos de los ciudadanos. Por eso hay que empezar desde cero y tirar a la basura el proyecto», señaló.
