En el actual sexenio, la PGR no ha utilizado un solo miembro de la delincuencia organizada como «testigo colaborador» protegido, y la indagatoria para recapturar a Joaquín El Chapo Guzmán no es la excepción.
Según datos oficiales, actualmente solo hay 14 personas con este estatus legal, aunque en la pasada administración el uso de «testigos colaboradores» fue recurrente en la lucha anticrimen que se libró en tribunales y juzgados.
Así lo revelaron a Milenio funcionarios del gabinete de seguridad nacional, quienes señalaron que «la figura de testigo colaborador está en extinción, porque ahora hay reglas y mecanismos mucho más estrictos para admitirlos o mantenerlos en el programa de protección.
«En el caso de El Chapo no utilizamos un solo testigo colaborador, ningún miembro del crimen organizado para que nos aporte información sobre su probable paradero ni operaciones, nos vamos por la derecha, como siempre en este sexenio, aunque el proceso de recaptura sea más tardado», agregaron.
Dijeron que en la actual administración, se ha logrado consolidar un Ministerio Público de la Federación más independiente, que no basa sus actuaciones en declaraciones de criminales para fortalecer investigaciones, por lo que no ha recurrido a un solo delincuente. «Tenemos cero testigos colaboradores incorporados en este sexenio».
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Comentaron que esta transformación está basada en la Ley para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación en 2012 y cuya última reforma fue en 2015.
El artículo 15 del capítulo quinto de la ley establece que podrán incorporarse al programa de protección víctimas, ofendidos, testigos, testigos colaboradores (miembros del crimen organizado), peritos y policías.
Además, agentes del MP, jueces y miembros del Poder Judicial, quienes hayan colaborado eficazmente en una investigación o proceso y otras personas cuya relación sea por parentesco o cercanas a las señaladas, siempre y cuando estén en situaciones inminentes de amenaza o riesgo.
La legislación señala que testigo colaborador es aquel miembro de la delincuencia organizada «que accede voluntariamente a prestar ayuda eficaz a la autoridad investigadora, rindiendo al efecto su testimonio o aportando pruebas conducentes para investigar, procesar o sentenciar a otros miembros de la organización».
El artículo 12 señala que existe una unidad de análisis de riesgo que apoyará en la elaboración del estudio técnico para los efectos del ingreso y permanencia de la persona protegida.
Ante la Comisión de Justicia, la procuradora Arely Gómez dijo en octubre que decidieron no usar a testigos protegidos como única prueba para ejercer acción penal en casos de crimen organizado.
«Además de percibir ingresos y contar con vigilancia, tenían muchos privilegios. Actualmente solo hay 14 testigos, reduciendo la cifra 80 por ciento», dijo.
Malos resultados
- En marzo de 2014, Milenio publicó que a la PGR se le esfumó José Salvador Puga, El Pitufo, uno de los testigos estrella del sexenio anterior y quien llevó a la cárcel a varios funcionarios.
- El Pitufo fue detenido en septiembre de 2008 por su presunta responsabilidad en el plagio de un empresario por quien exigió tres millones de pesos de rescate, hecho por el que entonces se inició una indagatoria.
- A pesar de sus antecedentes, en ese año fue reclutado como “informante” de la Seido, según el acuerdo firmado por la agente del MP de la Federación, Silvia Méndez, quien estaba bajo el mando de Marisela Morales.
