La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, señaló que el número de mujeres reclusas por delitos del fuero federal, principalmente por complicidad bajo presión de sus parejas, familias o económicas, se incrementó durante los últimos años.
Al participar junto con otros legisladores y expertos en derechos humanos en el “Foro Internacional Mujeres en Reclusión”, expresó que este espacio permitirá conocer la situación de las mujeres en reclusión en México y en América Latina.
Asimismo, abundó, los temas pendientes en materia de legislación y políticas públicas bajo una perspectiva de género, para garantizar que estas mujeres, así como sus hijos, tengan pleno respeto de sus derechos humanos.
En ese sentido, resaltó que la LXIII Legislatura trascenderá por sus acciones en beneficio de las mexicanas, pues en este tema quedan muchos pendientes, como revisiones, políticas internas de cada centro penitenciario, el hacinamiento, entre otros.
En el acto realizado en el Palacio Legislativo de San Lázaro, los participantes aseguraron que las indiciadas ven violentados sus derechos dentro de los centros penitenciarios por la falta de una infraestructura adecuada, y políticas públicas especializadas para su atención, principalmente de quienes son madres.
¿Justicia injusta?
De acuerdo un comunicado, la titular de Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, indicó que el sistema de justicia es más severo con las mujeres, por estereotipos de género.
Comentó que muchas de ellas vienen de ser violentadas, “víctimas de violencia institucional disfrazada de justicia, y recae sobre ellas todo el peso de la ley, pero también de una cultura patriarcal que las discrimina, les otorga roles sociales rígidos y de entrada las culpabiliza y criminaliza”.
Señaló que los juzgadores actúan bajo una errónea conceptualización de cómo debe ser el comportamiento de las mujeres, lo que provoca prejuicios iniciales, porque no fueron formados en el marco de los derechos humanos.
“Les cuesta trabajo insertar la perspectiva de género en su actuar, ignoran las cadenas de acontecimientos y situaciones que las llevaron a prisión y juzgan los delitos con extraña pseudo-objetividad, lo que termina discriminándolas y perjudicándolas”, dijo.
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A su vez, la abogada general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), Erika Marcela López Vargas, aseguró que los derechos fundamentales de las mujeres son violentados dentro de los centros de reclusión.
Maltrato desconocido
Detalló que esa situación fue expuesta gracias a investigaciones académicas y periodísticas que revelaron irregularidades cometidas en estos lugares.
“La sociedad en que se relacionan las lleva a cometer algunos delitos por obtener algún tipo de beneficio. La coerción por sus parejas y el maltrato familiar orillan en muchas ocasiones a las mujeres a buscar sustento económico y protección por parte de grupos criminales”, indicó.
Subrayó que las mujeres son doblemente victimizadas y sufren de circunstancias inadecuadas de salud, al no contar con condiciones equiparables a los hombres en situación de reclusión.
Muchas de ellas, abundó, se encuentran embarazadas, carecen de un trato específico en el caso de contar con hijos, ya sea fuera o dentro del centro penitenciario.
Llamó a las autoridades a tomar en cuenta las recomendaciones tanto por organismos internacionales, como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la materia.
A nombre de la organización civil “Equis Justicia para las Mujeres”, su directora ejecutiva Ana Pecova, informó que hay un incremento alarmante de mujeres en la cárcel por delitos contra la salud de más de ciento por ciento, contra 40 por ciento en el caso de los hombres.
Además, cada día más mujeres se involucran en este tipo de delitos que son mayormente perseguidos y prevalece un sobreuso de prisión preventiva, como respuesta inmediata en lugar de que sea el último recurso.
