Juan Pardinas, director general del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), dijo que una «muestra de que al Estado mexicano le importa un rábano la corrupción» es el poco presupuesto que se le asigna la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra Administración de Justicia, una dependencia de la Procuraduría General de la República (PGR).
«En esa unidad de PGR solo trabajan 12 personas, tiene un presupuesto de 26 millones de pesos al año. Nos están diciendo con esa escala que al Estado mexicano le importa un rábano la corrupción», dijo.
En entrevista con Carlos Puig en Milenio Televisión, el director del Imco y Ricardo Canales, profesor asociado de la Escuela de Administración de Yale, reconocieron que la corrupción frena el desarrollo económico de México y su competitividad.
«Las familias de menores ingresos, que reciben un salario mínimo, destinan el 33 por ciento de sus ingresos a temas de corrupción, para tener acceso a ciertos servicios y cosas. La corrupción es un impuesto regresivo, le cuesta más a los más pobres. Es muy difícil medir el costo indirecto de la corrupción, pero es el modelo político de México el que hace que la corrupción sea tan inherente al sistema. Como la corrupción está entretejida al modelo de país, acaban afectando a la competitividad», explicó Rodrigo Canales.
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«Lo que quisimos mostrar, desde el titulo, es que tenemos la necesidad de cambiar la visión de que podemos administrar los problemas de corrupción del país. El que transa no avanza frente a la inversión, distribución del ingreso, emprendimiento, recaudación fiscal, etcétera», dijo Pardinas.
Explicó que una muestra de la falta de atención y sanción a la corrupción es el caso de los gobernadores
El IMCO hizo un seguimiento sobre escándalos de gobernadores en México y Estados Unidos y encontró que mientras en Estados Unidos hubo nueve escándalos en México fueron 40, de los cuales solo cuatro pisaron la cárcel, mientras que en Estados Unidos los nueve llegaron a prisión.
