La Secretaría de Educación Pública (SEP) adquirió desde 2013 tabletas electrónicas defectuosas para niños de primaria, además de que la dependencia tuvo que hacer un gasto adicional por no considerar sus actualizaciones, afirmó la Auditoria Superior de la Federación (ASF).
El informe de la Cuenta Pública 2014 indica que dos de cada 10 dispositivos (22 por ciento) presentaron un defecto de “hundimiento del puerto de carga”, el cual no está cubierto dentro de la garantía del producto, y cuya reparación cuesta en promedio mil 500 pesos, casi 80 por ciento del valor de la tableta, que es de mil 800. Este monto debe ser cubierto por los padres de familia.
Un total de 709 mil 824 unidades fueron adquiridas para el ciclo escolar 2014-2015, con la intención de ser entregadas a alumnos de quinto y sexto de primaria de Colima, Estado de México, Puebla, Sonora, Tabasco y el Distrito Federal.
Mientras que esta falla afecta a solo a una parte, la totalidad de las tabletas enfrenta otro problema: un método de actualización a su sistema con los contenidos educativos de los siguientes ciclos.
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Para solventar esto, la SEP gastó 1.16 millones de pesos en memorias USB —a un costo de 70.64 pesos cada una—, pero la ASF detectó “que no todas las escuelas las han recibido, además de que con la actualización no se remplazan los contenidos anteriores”.
Además, el certificado de operación —que permite inhabilitar las tabletas en caso de robo— caduca en dos años, y la SEP no previó una estrategia para renovarlos. La ASF alertó de la posibilidad de que esto derive en que “las tabletas podrían ser inoperables para los usuarios” cuando expiren dichos certificados.
La entrega de tabletas forma parte del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital (PIAD) por el que la SEP también adquirió 240 mil laptops para entregarlas a alumnos de Colima, Sonora y Tabasco.
Una investigación de la revista Expansión expuso que no existe evidencia de aprovechamiento educativo con la entrega de tabletas electrónicas. Mientras que académicos y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuestionaron el programa, el titular de la SEP, Aurelio Nuño, dijo que sería replanteado.
El gobierno federal también compró en 2014 un total de 16 mil 740 servidores, igual número de switches, 20 mil 542 ruteadores y proyectores, así como 16 mil 740 soportes de energía para equipar aulas digitales.
Pero el PIAD en general “no cumplió con las disposiciones legales y normativas”, ya que la ASF demostró que las compras “arrojaron deficiencias y debilidades que son importantes”.
De una muestra auditada de de dos mil 93.87 millones de pesos, equivalente a 80 por ciento del programa, la Auditoría detectó pagos injustificados por 233.98 millones de pesos.
En el caso del equipamiento de aulas, la ASF comprobó que los dispositivos no son aprovechados en su totalidad, había equipos que ni siquiera se habían instalado, y otros no eran utilizados porque los docentes desconocían cómo operarlos, o habían sido robados.
“No se realizaron pruebas de compatibilidad con los equipos entregados en 2015, lo que no permite asegurar su uso en ciclos posteriores”, indicó la revisión.
La ASF determinó emitir tres promociones de responsabilidad administrativa sancionadora por este programa, además de que unos 576 millones pueden ser «recuperación probables» si se corrigen las deficiencias.
