Un juez de Nueva York se negó a obligar a Apple a que desbloquee el iPhone de un particular en un caso de narcotráfico abierto en los tribunales del distrito de Brooklyn, según viene recogido en una sentencia difundida este lunes por el tribunal.
La causa fue abierta en octubre del año pasado y quedó a cargo del juez James Orenstein, pero la sentencia cobra actualidad por el pulso que mantienen las autoridades con la firma Apple para conocer información de un teléfono usado en la matanza de San Bernardino.
En el caso de Brooklyn, el magistrado decidió que las razones presentadas por la fiscalía no justifican que se fuerce a Apple a evitar la clave de seguridad en el iPhone, por una serie de razones que detalla en la sentencia, de 50 páginas.
«Después de recibir los hechos y los argumentos de las partes, concluyo que ninguno de estos factores justifica imponer a Apple la obligación de asistir a la investigación del Gobierno contra su voluntad. Por ello, niego la moción», dice la sentencia.
El principal acusado, Jung Feng, fue detenido en el distrito neoyorquino de Queens el 11 de junio de 2014 por conspirar junto con otras cuatro personas más para traficar con metanfetaminas.
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En las diligencias policiales las autoridades requisaron varios objetos, incluido un iPhone 5s, y las investigaciones derivaron un año después en la petición para que se permitiera rescatar información de ese y otros teléfonos móviles.
Imposible desbloquear
Aunque otro juez autorizó esa búsqueda y se dio un plazo de dos semanas para ejecutarla, los agentes de la Agencia Estadounidense Antidrogas (DEA, en inglés) intentaron acceder al contenido pero fueron incapaces de burlar la clave de seguridad.
A partir de ello, las autoridades requirieron la ayuda de Apple para que desbloqueara el iPhone de Feng, y la firma aceptó realizarlo solo si lo autorizaba un juez, en una causa paralela que recayó en el tribunal de Orenstein.
El intercambio de documentos y argumentos entre las partes coincidió este mes con las diligencias hechas por los tribunales de California para lograr también que se desbloquearan los teléfonos de uno de los asesinos de San Bernardino, donde murieron 14 personas.
Aunque el magistrado Orenstein aceptó que la petición se ajustaba a dos de las tres condiciones para emitir órdenes de acuerdo con una vieja ley de procedimientos, consideró que no se cumplía con la tercera, que implica que la orden se otorgue «conforme a los usos y principios de la ley».
