Familiares de los 72 migrantes ejecutados en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas, dudan que los restos que recibieron correspondan a los de sus familiares, por lo que exigieron a la Procuraduría General de la República (PGR) una explicación y dar certeza de la identidad de los cuerpos.
Un grupo de personas proveniente de El Salvador, Guatemala y Brasil se manifestó frente a la dependencia y una comisión fue recibida por unos minutos. Al salir, los deudos indicaron que, a casi seis años de los hechos, exigen que se les entregue una copia de los expedientes y se les reconozca como víctimas.
Alma García, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, aseguró que los familiares de las víctimas están indignados por la falta respuesta del Estado mexicano, ya que los funcionarios que los recibieron sólo les dijeron que el expediente fue turnado a la unidad de migrantes y que hay ocho procesados.
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La titular de la PGR, Arely Gómez, designó ayer a Leonor de Jesús Figueroa Jácome como titular de la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación.
Esa unidad facilitará el acceso a la justicia a los migrantes y a sus familias, investigará y perseguirá los delitos cometidos en su contra.
