Lima, 2 mar (EFE).- El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés) reclamó hoy en Lima la despenalización de la difamación en Latinoamérica, durante la presentación del informe «Los críticos no son delincuentes», que compara las leyes penales sobre este tema en los países americanos.
El reporte, elaborado por Debevoise & Plimpton LLP, en colaboración con la Fundación Thomson Reuters y presentado junto al Instituto Prensa y Sociedad (Ipys), indica que Jamaica es el único país americano que despenalizó la difamación en su legislación, mientras que hay otros 32 países que la castigan con prisión.
El director de Programa del CPJ, Carlos Lauría, comentó que los países más severos para castigar la difamación son Cuba, con penas de hasta 20 años de prisión, y Surinam, con sanciones de hasta 7 años de cárcel.
El reporte contempla que 11 países latinoamericanos rebajaron las penas privativas de libertad para la difamación durante los últimos años, mientras que en 17 países hay actualmente periodistas procesados por esta tipificación penal.
Lauría advirtió que «en los últimos años ha habido un recrudecimiento alarmante de los procesos de difamación» en América Latina.
Puso como ejemplo la sentencia a favor del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, que obligaba al diario «El Universo» a pagar 40 millones de dólares al mandatario y condenaba a prisión a tres de sus directivos por una columna de opinión que Correa consideró difamatoria.
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El representante del CPJ señaló que la penalización de la difamación en los países americanos se da «por leyes arcaicas que se mantienen vigentes» y que «inhiben la crítica» al poder y fomentan la autocensura.
Además de Lauría, en la presentación del informe también intervinieron la exrelatora sobre libertad de expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA) Catalina Botero, y los abogados peruanos especialistas en libertad de expresión Roberto Pereira y José Leandro.
Botero explicó que los más perjudicados por la penalización de la difamación son periodistas de provincias por denuncias de autoridades locales a las que no les gustan sus críticas u opiniones.
«Es a esa gente a la que tenemos que proteger para que no se inhiba de ejercer como contraparte al poder público en sus comunidades», indicó.
La experta propuso desarrollar mecanismos adecuadamente regulados como la rectificación para revertir el honor dañado con celeridad, sin necesidad de recurrir a medidas cautelares, que en algunos países conllevan el encarcelamiento preventivo o el impedimento de salida del país.
Pereira se manifestó a favor de suprimir las penas privativas de libertad para los casos de difamación, pero advirtió que procesar las denuncias por la vía civil puede ser contraproducente por el riesgo a que los sentenciados no paguen sus multas y la opinión pública reaccione pidiendo penas más severas.
