La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)aprobó un amparo que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) a abrir las investigaciones sobre las matanzas de migrantes ocurridas ente 2010 y 2011 en San Fernando, Tamaulipas.
El 22 de agosto de 2010, 58 hombres y 14 mujeres de Guatemala, El Salvador y Brasil fueron asesinados presuntamente por miembros del cártel de los Zetas en un rancho del municipio de San Fernando, estado nororiental de Tamaulipas, y durante 2011 se encontraron fosas con decenas de cuerpos más.
Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN instruyó a la PGR a entregar copias de las averiguaciones a dos salvadoreñas que perdieron a su hijo y a su hermano, respectivamente, en las matanzas.
Familiares de las víctimas han solicitado acceso al expediente de las matanzas desde hace más de cinco años.
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El amparo otorgado a las salvadoreñas les permite también sacar copias y peritajes sobre los hechos, y reconoce su derecho a la reparación del daño.
Sin embargo, la Corte rechazó la petición en contra de la cremación de los restos de sus familiares y no aceptó reconocer como víctima e interesada legalmente, para conocer del asunto, a la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, representante legal de las mujeres.
Tampoco reconoció que el asesinato de migrantes, la mayoría centroamericanos, entre 2010 y 2011 en San Fernando constituye un delito contra la humanidad.
