El INAI rechazó una apelación para difundir los reportes de autopsia de los 42 sospechosos que murieron durante un enfrentamiento con la policía federal el año pasado, respaldando la postura del gobierno con una decisión criticada el miércoles por grupos de derechos humanos.
Un policía murió en lo que las autoridades describen como un enfrentamiento con sospechosos de un cártel de narcotraficantes en el estado de Michoacán, el 22 de mayo de 2015, pero el abultado saldo de 42-1 levantó sospechas.
El Instituto Nacional de Acceso a la Información falló el mes pasado en contra de una solicitud de libertad de información presentada en octubre por The Associated Press.
La agencia decretó que la información debe mantenerse como secreto de Estado durante cinco años.
El instituto también apoyó al gobierno al negar que hubiera evidencia de violaciones a los derechos humanos en el rancho en donde ocurrió el tiroteo. Señaló que se revisaron 12 volúmenes de reportes sobre el caso de Tanhuato, Michoacán, y en esencia determinó que la policía federal actuó de manera apropiada.
«No se advierten elementos indispensables que permitan apuntar una conducta (de acción y/o de omisión) dolosa del estado mexicano en los hechos de referencia, que pudieran configurar, por ejemplo, una ejecución sumaria, extralegal o arbitraria», se lee en el fallo del organismo. «No se apreciaron, a primera vista, factores o elementos que permitan detectar conductas sospechosas o poco claras del despliegue de las fuerzas de seguridad».
Las muertes en Tanhuato fueron uno de tres casos de un saldo de muertes disparejo en México que fueron citados por un reporte publicado el miércoles por parte de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos, un organismo de la Organización de Estados Americanos.
«Estas situaciones demandan una revisión del uso de la fuerza en México de apegarse a los principios de legalidad, necesidad absoluta y proporcionalmente», comentó la comisión. «Además, exige la adopción e implementación de medidas de responsabilidad por parte de un organismo que es independiente a todas las fuerzas de seguridad».
La comisión de la OEA también criticó lo que llamó «una gradual regresión en términos de políticas activas de transparencia e información pública respecto a la muerte de civiles», sobre dichos casos. Indicó que las fuerzas militares mexicanas han dejado de reportar de manera pública el número de sospechosos abatidos por sus tropas.
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La AP apeló el rechazo bajo una regla que permite que las versiones redactadas de los reportes sean difundidas en casos que involucren violaciones serias a los derechos humanos. Pero el instituto indicó que no encontró evidencia de ese tipo de irregularidades.
El director para el continente americano de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, dijo que el fallo es un paso atrás para el instituto, conocido por sus siglas de INAI.
«Con este fallo, el INAI no solo abandona su principio básico de apertura y transparencia que supuestamente debe mantener, sino que también le otorga a la Procuraduría General luz verde para mantener al público ignorante sobre los severos abusos a los derechos humanos», escribió Vivanco.
Rechazo a irregularidades
El gobierno mexicano rechazó haber cometido asesinatos extra judiciales en el caso, y aseveró que la policía federal respondió luego de que abrieran fuego en su contra.
Pero el gobierno inicialmente también rechazó cualquier irregularidad en la masacre ocurrida en 2014 en el Estado de México, en donde el ejército informó que se había abatido a 22 supuestos integrantes de un cártel de narcotráfico durante un tiroteo en el que un soldado resultó lesionado.
Una investigación de la AP en el lugar indicó que las víctimas fueron alineadas y fusiladas contra una pared. Debido a ese caso se presentaron cargos contra tres soldados.
Las fuerzas de seguridad mexicanas han tenido desde hace tiempo altas tasas de «fatalidad», un radio de sospechosos abatidos con respecto a soldados o policías muertos durante enfrentamientos.
En los últimos años, el índice del ejército llegó a ser hasta de 19-1, lo que la comisión de la OEA definió como «alarmantemente elevado», y con cifras similares o incluso más altas para las confrontaciones en las que se involucró la policía federal.
