El Juzgado Segundo de Distrito con sede en Cancún, Quintana Roo, concedió el pasado 1 de marzo una segunda suspensión definitiva en amparo promovido por una ciudadana, para que no se toque nada en la zona de Tajamar en tanto no se resuelva el juicio.
La disposición aplica también para los actos y omisiones por parte del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) expuestos en el expediente 86/2016.
Ante este nuevo resolutivo, actuarios dieron fe de la presencia de animales vivos en la zona de Tajamar, lo que representa una violación a la condicionante número 2 impuesta por la Semarnat en el permiso de impacto ambiental otorgado a Fonatur, que establece que el rescate de fauna debe ser previo al desmonte.
De acuerdo con la agrupación ambientalista Greenpeace, lo más importante de esta suspensión definitiva es que el Juzgado deja sin efecto, hasta no concluir los alegatos, el uso de las autorizaciones y permisos que Semarnat y la Dirección de Ecología Municipal de Benito Juárez concedieron para el Proyecto Malecón Tajamar.
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El colectivo “Salvemos Tajamar” dio a conocer que la Profepa respondió a la denuncia colectiva presentada el pasado 2 de febrero con el oficio PFPA/5.3/2C.28.5.2/, en el que reconoce por primera vez que existen abiertos procedimientos administrativos en contra de Fonatur, en su carácter de propietario o representante legal, promovente o responsable, encargado u ocupante de las obras y actividades que se realizan en Tajamar, así como de la empresa italiana Bi & Di Reale Estate.
En el escrito, la autoridad ambiental informa a los quejosos que cuentan con el derecho de coadyuvar en las investigaciones, al aportar pruebas, documentación e información pertinente.
«Nos da gusto que por fin se mencione a Fonatur, quien es el titular de los permisos bajo los cuales devastaron la zona, como una de las entidades a las cuales se le instauraron los procedimientos administrativos. Tengan por seguro que ejerceremos este derecho de presentar pruebas e información, con el fin de que se documente el delito ambiental cometido, la Profepa declare la invalidez de la Manifestación de Impacto Ambiental y se obligue a los culpables a resarcir el daño y se impongan las penas correspondientes”, destacaron los ciudadanos.
