La Comisión Nacional de Seguridad (CNS) pondrá en marcha seis ejes restrictivos en los penales del centro del país, para terminar con las prácticas ilegales, los autogobiernos y el control criminal desde dentro de los centros de reclusión.
Renato Sales Heredia, titular de la CNS consideró prioritario que las autoridades federales y estatales lleven a cabo las medidas sugeridas que no sólo fortalezcan la infraestructura de las 97 prisiones de la región del país, sino que eviten que más de 84 mil reos -que representan el 35 por ciento de la población penitenciaria del país- sean potenciales criminales desde el interior de los penales.
«La seguridad es una cadena, un sistema que involucra desde la prevención de los delitos hasta la ejecución de la sanción. Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil, el sistema penitenciario no puede ser el eslabón débil de la cadena», expresó.
Al encabezar la XIII Conferencia Regional del Sistema Penitenciario de las entidades del centro del país que se realizó en el estado de Morelos, Sales Heredia reconoció de forma subrayada que un punto relevante en esta problemática, es que delitos como secuestros y extorsión se dirigen desde el interior de los penales, no sólo en los del centro de país (Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México y Puebla) sino también en los del resto del país.
Por lo tanto, Sales Heredia estableció que la primera estrategia a ponerse en marcha será la de aumentar los operativos sorpresa en los centros penitenciarios, para detectar en todos momento a los internos que tienen armas, drogas y objetos prohibidos, reubicar en otras prisiones a los presos más conflictivos o que estén al frente de los llamados «autogobiernos», así como también llevar a cabo una rotación de los custodios y personal administrativo.
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Según específico, la segunda medida para lograr el objetivo, es ampliar la infraestructura penitenciaria con la construcción de más cárceles, mientras que la tercer acción será la de cambiar arcos detectores de metal, sensores de movimiento y cámaras de videovigilancia por aparatos de última tecnología, apuntó.
Otro de los elementos inmediatos para impulsar la legalidad en los penales es mejorar el salario de los custodios, pues la mayoría de estos servidores públicos ganan alrededor de tres mil 500 pesos mensuales.
Agregó que deben revisarse los protocolos que se siguen cuando existen fugas de reos de cualquier nivel de peligrosidad, y trabajar en la puesta en marcha de un programa eficiente de reinserción social para que los internos que cumplen su condena puedan reintegrarse a la sociedad con un oficio y sin la necesidad de volver a cometer un delito.
Renato Sales recordó que en un estado de derecho, el fin de la pena debe entenderse como enviar a la sociedad el claro mensaje de que quien delinque va a recibir una sanción.
