Los afectados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en dos ríos de Sonora en 2014 acudirán a los tribunales federales estadounidenses para conseguir información que les ayude a obtener la reparación del daño.
Los Comités de Cuenca Río Sonora, a los que pertenecen los siete municipios afectados por el desastre medioambiental que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, informaron hoy en un comunicado que el objetivo de esta acción legal es «fortalecer sus acciones legales en México» al adquirir nuevos datos de la mina Buenavista del Cobre, responsable del vertido.
Esto gracias a que la estadounidense Southern Copper Corporation es la empresa matriz de la mina y propietaria de varias subsidiarias mineras del conglomerado Grupo México.
Por ello, «Southern Copper debe tener información relacionada con las operaciones y las prácticas ambientales de Buenavista del Cobre», incluyendo información sobre el derrame tóxico, ya que estas empresas mantienen una «estrecha vigilancia» sobre sus subsidiarias, defendieron los Comités.
Los afectados intentarán recopilar datos tanto sobre el momento en el que se produjo el incidente como sobre la reacción de los responsables, «y si sabían que sus acciones u omisiones podrían causar estos daños».
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Señalaron que entre las causas por las que se produjo el derrame se encuentran aquellas acciones por las que Buenavista del Cobre incumplían la normativa ambiental, como trabajar sin estanques de desbordamiento, no tener permisos o carecer de una válvula de seguridad para prevenir la fuga.
En la inspección que realizó a la mina el pasado año, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó 55 irregularidades, algunas de las cuales estaban asociadas al siniestro.
«Esperamos que el tribunal estadounidense acceda a otorgar la ayuda en este caso, lo cual marcaría un gran precedente en la lucha por remediar el peor derrame minero en la historia de México», afirmó el director ejecutivo del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER), Benjamin Cokelet, según recoge el mismo comunicado.
Más de año y medio después de lo ocurrido en agosto de 2014, los habitantes de los municipios afectados -que ascienden hasta los 25 mil- aún siguen denunciando daños en la salud y en el medio ambiente, y reclaman a las autoridades que actúen para paliar las consecuencias que todavía persisten desde el derrame y se repare «íntegramente» a las comunidades.
