Los representantes legales de los 43 normalistas desaparecidos y sus familias identificaron que el titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR, Tomás Zerón, cometió 17 irregularidades durante la diligencia realizada en el río San Juan, de Cocula, el 28 de octubre de 2014, con lo que, advierten abogados, un juez podría declarar nulas las pruebas obtenidas al no cumplir con los requisitos que marca la Constitución.
Detallan que entre las anomalías se incluye la violación al artículo 21 constitucional en el que se establece que el Ministerio Público Federal es el único facultado para dirigir la investigación de un hecho delictivo o que cualquier entrevista a un imputado debe realizarse en presencia de su abogado defensor para guardar el debido proceso.
Los abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez califican de “grave” que el área de Seguridad de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada haya consentido la salida del imputado Agustín García Reyes, “El Chereje”, para ser llevado hasta las inmediaciones del río, cuando el detenido estaba bajo su custodia y sin que se hayan emitido los oficios de autorización.
Sergio Méndez, abogado de Justicia Pro-Persona, dijo que en el caso de Agustín García existen violaciones al debido proceso y la posibilidad de que sea liberado es grande.
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El documento de cinco páginas indica que Zerón “tuvo bajo su control” la escena del río San Juan y que fue él quien solicitó la presencia de los servicios periciales de la PGR.
Señalan que el documento lo harán público y analizan entregarlo a la procuradora Arely Gómez en su próxima reunión.
Este viernes, tres integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) acudieron a la sede de la PGR para entregar a la titular de la dependencia el segundo y último de los informes sobre el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
