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En las semanas siguientes a la desaparición de 43 estudiantes universitarios en septiembre de 2014, las autoridades mexicanas detuvieron a decenas de sospechosos y dijeron que habían resuelto el caso.
En una apresurada conferencia de prensa los fiscales mostraron videos de supuestos traficantes de drogas que confesaban haber recibido a los estudiantes de manos de la policía, haberlos asesinado, incinerado sus cadáveres en un basurero y tirado los restos a un río.
Dos equipos independientes de expertos pusieron en duda la versión oficial. Y ahora esa versión ha sufrido otro golpe: denuncias de tortura.
En documentos obtenidos por The Associated Press, a los que no se había dado difusión hasta ahora, 10 de los sospechosos relataron un guion casi idéntico: primero vinieron los interrogatorios, después los golpes, las descargas eléctricas, asfixias parciales con bolsas de plástico y finalmente amenazas de que matarían a sus seres queridos si no hacían confesiones que sustentasen lo que decía el gobierno.
Algunos dijeron incluso que les dieron evidencia preparada o les indicaron lo que tenían que decir.
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«En el transcurso del camino me iban dando electricidad en los testículos y en todo el cuerpo», declaró uno de los sospechosos, Patricio Reyes Landa, quien fue detenido un mes después de la desaparición de los estudiantes.
«En todo ese tiempo, que fue como dos horas y media de camino, llevé los ojos tapados y me fueron golpeando todo el camino», dijo el hombre a un juez en julio de acuerdo con los documentos obtenidos por la AP. «Recuerdo que se acercó una persona y me quitó la venda de los ojos y me mostró una fotografía de mi familia, de mis dos niñas, de mi esposa y mi hermano, y me dijo que si no hacía todo lo que me dijeran iban a violar a mis niñas… Le dije que yo iba a hacer lo que ellos me dijeran».
La declaración de Reyes Landa es clave para el gobierno porque fue uno de los primeros que confesó haber matado a los estudiantes y quemado sus cadáveres en un basural de Cocula, para luego arrojar los restos al río San Juan.
Aparte de esas confesiones y de un fragmento de hueso perteneciente a uno de los estudiantes, según se comprobó mediante análisis de ADN, los fiscales casi no tienen otras pruebas.