En México hay 11 millones de indígenas, pero apenas 24 abogados públicos federales certificados que podrían defenderlos si se ven involucrados en un conflicto con la ley, porque son los únicos que hablan una lengua indígena.
En 2014, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) había nueve mil 753 mil indígenas en la cárcel, 96 por ciento hombres, la mayoría acusados por delitos del fuero común.
Lo más grave de su situación es que ni siquiera 10 por ciento han podido contar con un traductor para su defensa, estimó Martín Rodríguez Arellano, presidente de la Organización de Traductores, Intérpretes Interculturales y Gestores en Lenguas Indígenas.
La CDI advierte que la ausencia de asesores jurídicos y defensores públicos bilingües especializados en materia indígena y la falta de asistencia de intérpretes en lenguas indígenas son las situaciones violatorias de los derechos humanos a las que con más frecuencia tienen que enfrentarse.
De acuerdo con el Instituto Federal de la Defensoría Pública las lenguas en las que están certificados los 24 defensores públicos son:
- Maya.
- Purépecha.
- Náhuatl.
- Rarámuri.
- Huichol.
- Chinanteco.
- Mazateco.
- Mixteco.
- Mixe.
- Tzeltal.
- Tzotsil.
- Triqui.
- Otomí.
- Yaqui.
- Amuzgo.
- Chol.
- Zapoteco.
- Zoque.
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A la par existen sólo 575 intérpretes y traductores registrados en el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
El problema es que en México hay 68 lenguas originarias con 364 variantes lingüísticas, de acuerdo con el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales
En este escenario el próximo 18 de junio entrará en vigor a nivel nacional el nuevo Sistema de Justicia Penal, que tendrá como uno de sus principales desafíos cumplir con el tema de acceso especializado a comunidades indígenas, coincidieron expertos consultados por Excélsior.
“No podremos decir que el sistema acusatorio esté trabajando al 100 por ciento si no se cumple con este tema de acceso especializado a comunidades indígenas. Por ello el sistema penal debe adecuarse a ellos, no ellos al sistema, y para poderse adecuar se tiene que contar con intérpretes y traductores, pero además con abogados que conozcan sus usos y costumbres”, dijo Octavio Martínez Camacho catedrático del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana.
El experto en derecho procesal penal explicó que puede haber indígenas que podrían no entender que están cometiendo un delito, por lo que es importante que existan defensores que conozcan su cultura.
“En algún lugar se puede estilar el poder llevarse a la novia sin ningún problema y eso hoy en día sería privación de la libertad, a lo que vamos es que siempre se debe proteger que permanezca la identidad cultural de una persona indígena”, ejemplificó.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña reconoce que ha resultado compleja la tarea de formar una base confiable de profesionales en derecho certificados en lengua y cultura hablante del indígena sujeto a un proceso penal.
En un proyecto de sentencia sobre este tema, la integrante del máximo tribunal del país, expuso que las especificidades culturales de los indígenas obligan a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a implementar y conducir juicios que sean sensibles a las particularidades de ese sector de la población mexicana.
“La asistencia de un defensor junto con la de un intérprete, éste último necesariamente con conocimiento de lengua y cultura, es un mecanismo óptimo para asegurar una defensa adecuada y, por tanto, el pleno acceso a la justicia. Es la mejor manera de reducir la distancia cultural que de facto opera entre una persona indígena y las reglas de un sistema judicial inspirado en códigos que no comparten determinadas minorías culturales”, plantea la ministra.
Para Martín Carlos Sánchez, director general de la organización Renace, que se enfoca a garantizar el respeto a los derechos de las víctimas y acusados, el acceso a la justicia para los pueblos y comunidades indígenas sigue siendo una deuda pendiente.
“Es un asunto que se ha dejado a un lado por mucho tiempo, porque aunque tienen derecho a intérpretes y defensores que hablen su lengua para tener una adecuada defensa, las autoridades tal pareciera que lo han olvidado”, comentó.
El abogado Martín Rodríguez Arellano, conocedor del derecho indígena, coincidió en que de manera histórica los indígenas se han enfrentado a un sistema ineficaz de justicia y pasarán entre ocho y 10 años para que el Nuevo Sistema de Justicia Penal realmente los beneficie.
