Con los asesinatos de los alcaldes de San Juan Chamula, Chiapas, y de Pungabarato, Guerrero, ocurridos el sábado pasado, ya suman 47 presidentes municipales, electos y en funciones, asesinados del 2003 a la fecha, de acuerdo con un conteo realizado por la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC).
El reporte elaborado con información pública señala que la mayoría de los ataques han sido perpetrados por el crimen organizado y que estos se intensificaron a partir del año 2012, pese a que ya venían incrementándose desde que inició el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.
El desglose de la ANAC indica que 40 alcaldes en funciones y otros 7 electos han perdido la vida en ataques armados cifra que aumenta a 79 sí se toma en cuenta a los 32 ex alcaldes que han sido victimados a partir del 2003 y hasta este fin semana.
A pesar de que la ANAC agrupa a los ediles emanados del Partido Acción Nacional (PAN), el recuento incluye a los alcaldes de todos los partidos políticos, explica el titular de la organización, Enrique Vargas del Villar.
“El número de alcaldes incluye a todos los alcaldes que han sido asesinados desde el 2003 para acá, las investigaciones arrojan que la causa más común es la actuación del crimen organizado y casi todos los casos han sido muertes violentas o con el uso de armas de fuego”, detalla.
En entrevista telefónica, Vargas del Villar revela que el ataque contra el alcalde de San Juan Chamula, Domingo López González, quien perdió la vida junto a otras cuatro personas durante una manifestación, es el primero que se deriva de un conflicto social, pero advierte que no por ello es menos preocupante que los crímenes perpetrados por personas ligadas a grupos delictivos.
“El tema de Chamula es muy delicado porque es un tema en el que se involucra la comunidad, de la información que tenemos sabemos que el alcalde se encontraba entregando apoyos al momento en que fue asesinado por personas de esa misma localidad, es un tema muy grave. Es un tipo de homicidio que no teníamos registrado y estamos a la búsqueda de un antecedente, pero parece que no los hay”, sentencia.
En tanto, días antes de sufrir el atentado que le costó la vida, el presidente municipal de Pungabarato, Ambrosio Soto Duarte, había escrito un tuit al presidente Enrique Peña Nieto, para denunciar que uno de sus primos había sido asesinado y que se requería de forma urgente el apoyo del gobierno federal para combatir al crimen organizado en la región conocida como “Tierra Caliente”.
Vargas del Villar exigió que la Procuraduría General de la República (PGR) ejerza su facultad de atracción y asuma las investigaciones desde las primeras diligencias, puesto que a su juicio, hay evidencia clara de que los grupos criminales podrían ser los autores materiales del homicidio.
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Según esta clasificación, los estados de riesgo muy alto para los ediles son Durango, Michoacán, Oaxaca y Veracruz, entidades que están marcadas por la presencia del crimen organizado.
Los estados que se consideran de riesgo alto son Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Tabasco y Tamaulipas. En riesgo de moderado a bajo, se encuentran los estados de Coahuila, Morelos, San Luis Potosí, Puebla y Zacatecas.
Vargas del Villar señala que todas estas entidades se consideran inseguras para los alcaldes, por lo que Guerrero sumó una víctima más a su récord negativo y Chiapas, que no figuraba en la lista, podría incluirse como otro estado de riesgo para el ejercicio profesional de los ediles.
“En los últimos años, los crímenes de alcaldes han ido subiendo, no estamos hablando solamente de lo ocurrido este fin de semana, pero es a partir del 2012 que hemos visto un incremento de alcaldes muertos, pero no es un tema de partidos, nuestras estadísticas vienen desde el 2003, cada día corremos más riesgos los alcaldes por el problema de la inseguridad”, denuncia.
Ante la situación que considera “altamente preocupante”, la ANAC entregará a la Secretaría de Gobernación (Segob) un oficio en el que exige a esa dependencia que se desarrolle y se emita un Protocolo de Protección para Alcaldes que trabajen en zonas de riesgo o bajo amenazas, con el fin de que se pueda brindar auxilio a los afectados.
Además, propone elaborar una base de datos más completa sobre los ataques y riesgos que corren los presidentes municipales, la cual deberá incluir indicadores como amenazas previas, homicidios ya registrados y la eventual presencia del crimen organizado en los territorios de cada una de las alcaldías.
El edil panista reconoce que a esta lucha buscarán sumar a los alcaldes de otros partidos políticos y en especial a la Confederación Nacional de Municipios de México (Conamm) en la que hay representación de ediles emanados de todas las fuerzas políticas y a la que describe como un equivalente de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) por contar con el reconocimiento del gobierno federal para llevar a cabo negociaciones.
“El propósito es determinar el grado de protección que requieran los alcaldes y conforme a ello, establecer los recursos económicos humanos, materiales e inteligencia policial que deben incluirse por zona y en específico a quienes lo necesitan de manera prioritaria”, señala un extracto del oficio que será entregado a la Secretaría de Gobernación.
