La losa histórica de México, la pobreza, ocupa de nuevo la actualidad del país. Un cambio en el método de medición oficial ha levantado una gran polvareda. Los críticos consideran que recorta artificialmente el número de pobres y traba de repente la posibilidad de comparar nuevos datos con años anteriores, dificultando la evaluación de las políticas sociales del Gobierno de Enrique Peña Nieto, que arrancó en 2012, termina en 2018 y cuyo mascarón de proa ha sido emprender una batalla reformista por la bonanza económica.
A los dos años de empezar, el Ejecutivo se dio de bruces con un dato pésimo. Entre 2012 y 2014 aumentó en dos millones el número de pobres, de 53,3 a 55,3 millones, un 46,2% de la población. Con el modelo de medición actualizado la mejora sería abrupta y se contarían unos diez millones de pobres menos, según estimaciones no oficiales.
El ajuste realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) busca, según su explicación, mitigar “la subestimación de los ingresos, pues los informantes tienden a declarar menos de lo que realmente perciben”. Para corregir el problema se han visitado otra vez las casas donde se “sospecha” que se dio un dato demasiado bajo.
La objeción principal de los economistas críticos, que acreditan que existe un problema significativo de subregistro, es que la operación de repetir la entrevista toca básicamente a los hogares pobres. “No captura bien a los más ricos, y con eso borras de un plumazo un porcentaje enorme de la desigualdad de ingresos. La encuesta no va a casa de Carlos Slim”, dice Miguel Reyes, director del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla, que se pregunta cómo asumirá la sociedad una reducción en un año de tantos millones de pobres cuando México se encuentra estancado económicamente, creciendo por debajo de un insuficiente 3% y con un 60% de población sin seguridad social, dada la extensión de la informalidad laboral.
“Se sabe que el subreporte ocurre a lo largo de toda la distribución de ingresos y que quien más subreporta es la gente con mayores ingresos, no los más pobres. El Inegi parte de una premisa equivocada”, afirma el economista Gerardo Esquivel, del Colegio de México.
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El imprevisto cambio metodológico del Inegi ha causado también un conflicto dentro de las instituciones. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo (Coneval), encargado de analizar los datos del Inegi y decantar conclusiones públicas, ha acusado al Instituto de Estadística de llevar a cabo la modificación sin “transparencia y planeación”. Coneval tenía previsto publicar su informe sobre los datos de 2015 el 29 de julio. En medio de la crisis, lo ha suspendido sin que por ahora haya una fecha alternativa.
“Esa es otra consecuencia muy grave, que se resquebraja la relación institucional entre dos organismos tan importantes para México. No recuerdo un espectáculo así entre dos instituciones tan serias y acreditadas”, opina Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática. “El Inegi tenía que corregir su manera de medir pero no con tanta urgencia. Había que hacerlo bien”.
Becerra cree que las prisas del Inegi han podido tener que ver con la convicción del gabinete de Peña Nieto de que el modelo de recogida estadística estaba distorsionado la realidad. “Así pensaría un emperador: «El problema no es la pobreza, el problema es cómo se mide la pobreza”. Esquivel recuerda que la decisión se produce después de que figuras relevantes del Gobierno aireasen su disconformidad con el método de conteo.
México queda a la espera de conocer cuántos pobres tiene y de saber si su Gobierno es capaz de ajustar el modelo de manera que no se pierda la serie de comparabilidad histórica iniciada en 2008.
