En una arremetida contra los protagonistas de las protestas que dejaron cinco muertos, entre ellos un viceministro, el presidente boliviano Evo Morales, anuló los contratos entre mineros artesanales y empresas privadas, además de regresar al Estado esos yacimientos.
La medida podría afectar a la empresa Manquiri, filial boliviana de la estadounidense Coeur D’Alene Mines, que explota plata en el sur del país en sociedad con mineros artesanales agrupados en cooperativas.
«Las cooperativas mineras sólo se justifican si tienen carácter solidario, pero si no lo tienen y están acumulando capital en pocas manos deben convertirse en empresas privadas», dijo el ministro de Minería, César Navarro, tras una reunión de emergencia convocada por Morales.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, Alfredo Rada, mencionó a Manquiri como una de las afectadas. «Varias cooperativas han firmado contratos con Manquiri que es el nombre boliviano de una transnacional», declaró a la prensa.
Entre los decretos aprobados por Morales, está otro que prohíbe y penaliza el uso de dinamita en las protestas sociales, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
La semana pasada, cuatro mineros murieron en choques con la policía tras la toma violenta de carreteras en demanda de que el Gobierno les permitiera asociarse con capitales privados para afrontar la caída de precios de los minerales. En represalia, los manifestantes secuestraron y asesinaron a golpes al viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes.
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El Estado reconoce a los mineros artesanales, que suman cerca de 100.000, ventajas impositivas y laborales por su condición de integrantes de pequeñas cooperativas cuya función central es crear empleo y no utilidades. Pero gracias a los buenos precios hasta 2012, se transformaron en prósperas empresas que ahora reclaman más ventajas para afrontar la crisis por la caída del valor de los metales.
El Gobierno reconoció que 31 cooperativas han suscrito contratos con privados que ponen capital y tecnología y se benefician también de ventajas creadas exclusivamente para las cooperativas mineras, que suman 1.700. Todos esos contratos han quedado nulos. Por ley la riqueza minera pertenece al Estado que otorga su explotación.
Las medidas buscan que los mineros artesanales «vuelvan a su condición de cooperativas sin camuflarse» en empresas privadas que tienen otro trato impositivo, dijo Navarro. La decisión no afecta a empresas mineras privadas que han suscrito contratos con el Estado, entre ellas San Cristóbal, filial de la japonesa Sumitomo, que explota plata, plomo y zinc.
«Más de 500 personas perderán su empleo: es una mala señal para los inversionistas extranjeros. Nosotros los trajimos (a Coeur D’Alene) cuando nadie quería invertir en minería», comentó Juan de Dios Torrico, gerente de la cooperativa Reserva Fiscal que tiene una sociedad con Manquiri.
Cabe destacar que la minería es la segunda riqueza del país, después del gas natural, y genera poco más de 25% de las exportaciones.
