El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, será juzgado por corrupción y lavado de dinero en el caso Petrobras y enfrentará por primera vez a Sergio Moro, el magistrado que puso en jaque a la élite política y empresarial del país.
«Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia» presentada por la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa este martes.
La Procuraduría General inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se enquistó en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política.
Lula «sería beneficiario directo de ventajas concedidas por el Grupo OAS y, según la denuncia, tendría conocimiento de su origen en el esquema delictivo que afectó a Petrobras», afirma el texto de Moro, basándose en los alegatos de la fiscalía.
La acusación sostiene que una empresa de OAS revirtió a Lula «parte de los valores recibidos de licitaciones fraudulentas en Petrobras». Los sobornos se transfirieron «mediante la compra, personalización y decoración de un apartamento tríplex en Guarujá», en el litoral paulista.
La causa involucra también a su esposa, Marisa Leticia da Silva, y a otras seis personas.
Lula siempre negó terminantemente ser el propietario de ese tríplex y proclamó su inocencia en todas las investigaciones de que es objeto, atribuyendo las acciones judiciales en su contra a un plan de las «élites» para bloquear su candidatura en las elecciones de 2018.
El ex mandatario calificó las denuncias aceptadas este martes por Moro como «una farsa, una gran mentira, un gran show de pirotecnia».
«De cualquier forma, como creo en la justicia, y tenemos buenos abogados, vamos a luchar, a ver qué resulta», desafió Lula en una declaración hecha desde Brasil para una videoconferencia en Nueva York, donde sus abogados organizaron un evento internacional en su apoyo.
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Ahora, el expresidente (2003-2010) y líder histórico del Partido de los Trabajadores (PT) deberá enfrentar a Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba (sur), admirador de la operación «Mani Pulite» en Italia.
Sus investigaciones en el marco de la Operación Lava Jato (lavadero de autos) sobre el escándalo Petrobras pusieron ya en la mira a decenas de legisladores y enviaron a prisión a empresarios de la élite de la principal potencia latinoamericana.
Lula, de 70 años, fue señalado además por la fiscalía como el «comandante máximo» del esquema de corrupción que durante una década drenó más de 2.000 millones de dólares de la petrolera estatal.
La denuncia volvió a sacudir al país, dos semanas después de la destitución de la presidente Dilma Rousseff, heredera política y sucesora de Lula, por maquillaje de las cuentas públicas.
El Supremo Tribunal Federal (STF) investiga por su lado específicamente las acusaciones contra autoridades con fuero privilegiado.
El ex mandatario ya está siendo juzgado en una corte de Brasilia por tentativa de obstrucción de la justicia. Según el exsenador del PT Delcido do Amaral, que colabora con las autoridades a cambio de una reducción de pena, Lula participó en un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude.
La confesión de Amaral originó una segunda indagatoria que está bajo secreto de sumario en el STF, para determinar si Lula estuvo involucrado en la supuesta designación de dos jueces con la intención de que estos ayuden a empresarios procesados allegados al PT. En esa causa, también figuran Rousseff y dos exministros de su gobierno.
El listado de causas pendientes de Lula con la Justicia tiene otras dos investigaciones abiertas en Curitiba: una para determinar si es el verdadero propietario de una casa en las afueras de Sao Paulo -registrada a nombre de terceros- y otra por sospechas de que «constructoras beneficiadas del esquema de Petrobras» pagaron abultadas cifras al Instituto Lula y a LILS Palestras, una firma del ex presidente ligada a su trabajo como conferencista.
