Sindicatos y organizaciones sociales se manifestaron el viernes en Buenos Aires y otros puntos de Argentina para reclamar la aprobación de una ley que declare emergencia social y sane los efectos de la creciente pobreza.
Miles de manifestantes ocuparon las calles de la capital para dirigirse hacia las inmediaciones del Congreso, donde más tarde se exigirá la aprobación de la Ley de Emergencia Social y Alimentaria, que fue respaldada por el Senado gracias al apoyo de voto del peronismo opositor y que el oficialismo busca frenar en la cámara de diputados.
El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se pronunció en contra de la iniciativa legislativa que contempla ampliar el gasto en planes sociales y afirmó que «muchos de los que avalaron esta ley se fueron del gobierno sin reconocer la pobreza». El funcionario sostuvo a medios de prensa que el gobierno está dando «contención social» y está abocado a la reactivación de la economía, que se prevé que crecerá en 2017.
La pobreza escaló a 32,2% según datos oficiales revelados recientemente por el gobierno del presidente Mauricio Macri, después de años en los que su antecesora Cristina Fernández (2003-2007) ocultó la verdadera dimensión del problema. El mal se agudizó en los últimos meses en el marco de una inflación de más del 40% interanual, recesión y el aumento de las tarifas de los servicios públicos, entre otras medidas de ajuste aplicadas por el Ejecutivo.
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A la protesta se ha sumado además la Confederación General del Trabajo (CGT), la mayor central sindical del país y que en los últimos tiempos ha mostrado una actitud más conciliadora con el gobierno y organizaciones como el Frente Popular Darío Santillán, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa.
El oficialismo rechaza la iniciativa legislativa que propone un aumento de alrededor de 15% en los fondos destinados a varias ayudas — como el apoyo monetario a familias pobres por casa hijo que tienen — y la creación de un millón de empleos formales mediante la reconversión de planes de asistencia, al señalar que eso provocaría un incremento del déficit fiscal, que el gobierno pretende recortar a 4% del Producto Interno Bruto para 2017.
Meses atrás, Macri vetó una ley en contra de los despidos. En lo que va de 2016, unos 170.000 puestos de trabajo se perdieron en el país, la mayoría de ellos en el sector privado, sobre todo en la construcción. AP
